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La urgente necesidad de que nuestro país adquiera las vacunas pediátricas y para la población en general fue el argumento en el que coincidieron senadores de distintas bancadas ayer para sancionar la ley que declara emergencia nacional hasta el 30 de junio y habilita a la compra de vacunas, como así también a la cobertura de internación en sanatorios privados a pacientes con covid-19.
La plenaria del Senado aceptó la eliminación del artículo 4 del proyecto original que autorizaba al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), al IPS y sanatorios públicos a contratar reemplazos para personal de blanco en caso de renuncia, muerte o jubilación.
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Los diputados argumentaron que dicho artículo podría dar lugar a contratación de “recomendados” por parte del Ejecutivo en el presente año electoral.
La normativa aprobada ayer prórroga la vigencia de la ley 6707/2021 que habilita al MSPBS a la compra de vacunas por vía de la excepción, aceptando los contratos de confidencialidad y aceptando la jurisdicción internacional en caso de conflictos con las empresas farmacéuticas internacionales.
Asimismo, se amplía la vigencia de la ley 6742/ 2021, que crea el fondo nacional de cobertura a pacientes hospitalizados con covid-19.
La ley sancionada dispone también que la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y otros órganos competentes establezcan lineamientos en materia de transparencia y control de la administración de los recursos que la norma habilita. Los fondos para la compra de vacunas ya están previstos en el presupuesto 2022 del MSPBS.
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US$ 20 millones a IPS
Igualmente, la ley faculta al IPS un monto de US$ 20 millones para el pago de compensaciones económicas a trabajadores formales suspendidos, en aislamiento preventivo, en situación de riesgo y reposos de salud. El monto saldrá de un remanente que tiene el IPS de lo que el Ministerio de Hacienda le transfirió el año pasado para el mismo fin.
Por ahora, no más sesiones
Las cámaras del Congreso no se volverán a reunir en los próximos días, ya que no existen temas pendientes a tratar. La Cámara de Diputados resolvió el pasado lunes postergar sin plazo el estudio de un proyecto de ley que declara emergencia nacional a raíz de la sequía que afecta a todo el país. La normativa planteaba la intervención de varias instituciones del Estado para paliar la situación. Sin embargo, la Cámara Baja retomaría su estudio al reinicio de las sesiones ordinarias, en el mes de marzo.