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Mientras algunos casos tienen la “suerte” de que los ministros se movilicen incluso en sus vacaciones para resolverlos, otros sufren el “cajoneo”. Tal es el caso de la acción promovida por el Ministerio Público (MP) contra el fiscal adjunto de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico contra la resolución del Tribunal de Apelación que favoreció al diputado colorado Ulises Quintana (acusado por lavado de dinero y asociación criminal) y Reinaldo “Cucho” Cabaña entre otros acusados como derivación de la Operación Berilo, cuya audiencia preliminar está pendiente de realización desde el 2019.
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Fuentes judiciales indicaron que, al parecer, este año la sala constitucional se sacudirá de su largo letargo y llamará “autos para sentencia” para destrabar el caso.
La acción de inconstitucionalidad que está pendiente de resolución fue presentada el 9 de diciembre del 2019 contra la resolución de la Cámara integrada por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos (disidente) que revocó la resolución de la jueza Alicia Pedrozo, de conceder el plazo extraordinario de cinco días al fiscal Ysaac Ferreira para presentar las pruebas que sustentan la acusación contra los 28 acusados.
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Para el camarista Mayor Martínez, no se puede volver a una etapa preclusa, porque si la Fiscalía General del Estado presenta una nueva acusación, habrá dos requerimientos y “nadie puede tener dos acusaciones en un mismo proceso”.
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A su vez, el fiscal Marco Alcaraz afirmó que la Cámara se extralimitó en su competencia, porque resolvió sobre lo que no se pidió, decidió sobre el escrito de acusación que no estaba impugnado. Integran la sala los ministros César Diesel, César Garay y Alberto Martínez Simón.