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La intervención estuvo a cargo de la fiscal del medioambiente de Coronel Oviedo, Marta Leiva, y los coadyuvantes de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Asunción Carlos Rojas y Lisa Martínez, además del agente fiscal zonal del distrito de San Ignacio del departamento de Misiones, Diego Duarte.
Los fiscales estuvieron acompañados por el jefe regional del Ministerio del Ambiente, Carlos Galindo, y el técnico de la Comisión del Medioambiente del Senado, Víctor Benítez.
La fiscal Marta Leiva explicó que el operativo consistió en verificar las instalaciones de la arrocera y que posteriormente se elaborará un informe para tomar una decisión conjunta con los demás fiscales.
Aseguró que en el momento de la intervención no constataron ninguna irregularidad, pero que se decidió que los motores de bombeo de agua quedaran lacrados y se dejó a cargo de la policía de Aguapety la realización de una visita diaria en el sitio para verificar que los equipos no hayan sido alterados.
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El director Regional del Mades, Carlos Galindo, dijo que por la bajante del arroyo Aguapety, la arrocera intervenida actualmente no está autorizada a realizar ningún tipo de bombeo de agua del cauce hídrico.
Indicó que en la intervención de hoy no se constató ningún bombeo de agua del arroyo Aguapety. Aseguró que la arrocera está haciendo uso de su reservorio de agua y que, por ende, no se constataron delitos ambientales.
Por su parte, el técnico enviado por el Senado, Víctor Benítez, dijo que se solicitó a los propietarios el permiso del Ministerio del Ambiente para hacer el bombeo de agua del cauce hídrico y que solo se limitaron a mostrar la aprobación de impacto ambiental, pero no la habilitación de hacer uso de las aguas del arroyo Aguapety.
Señaló que se labró acta sobre ese punto y que se solicitará al Ministerio del Ambiente un informe para saber cómo se manejan los permisos de explotación de los cauces hídricos naturales.
Se observan ciertas contradicciones entre autoridades.
Uno de los propietarios de la arrocera, Hugo Méndez, aseguró que no se está bombeando agua del arroyo Aguapety y que están usando agua de un reservorio para mantener sus cultivos.
Afirmó que se están cumpliendo todas las leyes ambientales y que el sitio cuenta con todos los permisos exigidos por el Ministerio del Ambiente. Agregó que los técnicos del Senado están equivocados en su apreciación.
Recusación a fiscala dificulta intervención de otra enorme arrocera
Los pobladores de la Colonia Aguapety también acusaron a otra arrocera, de unas 700 hectáreas, de bombear agua de manera indiscriminada del arroyo Aguapety, pero el propietario del cultivo, Javier Chelioll, presentó una recusación contra la fiscal Marta Leiva, y ese hecho imposibilita que la agente del Ministerio Público siga con la investigación del caso.
Los primeros datos indican que el arrozal no cuenta con ningún reservorio y que sería el principal responsable de bombear de manera indiscriminada las aguas del arroyo Aguapety.