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Los ministro César Diésel y Luis María Benitez Riera fueron los que otorgaron permiso a la jueza penal de Garantías de Luque, Jennifer Ynsfrán, justo el día que se presentó Ramón González Daher, y llamativamente también designaron como reemplazo al cuestionado juez en lo Civil, Enrique Sanabria, quién fue el que finalmente benefició con la libertad ambulatoria al procesado por denuncia falsa.
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La decisión de los ministros de designar a Sanabria, de por sí llama poderosamente la atención, ya que aquel 14 de enero en el que se presentó RGD, se encontraba de turno la jueza penal de Garantía María Cecilia Ocampos, que se suponía era la más indicada para un caso del Fuero Penal, que un magistrado de lo Civil.
Otro datos sumamente llamativo es que Benitez Riera en teoría se encontraba de “vacaciones”, ya que su turno durante la feria judicial inició recién el 17 de enero pasado.
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Si bien el ministro puede firmar resoluciones siempre que esté en el país, llama la atención que haya renunciado a uno de sus días libres para firmar la resolución de designación del juez que finalmente favoreció a González Daher.
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Cabe recordar que la resolución de otorgamiento de permiso a la jueza Ynfrán y nombramiento en su reemplazo de Sanabria supuestamente se firmó el 10 de enero pasado, aunque existe una seria inconsistencias en la fecha consignada en el documento.
Burdo error en resolución
La resolución Nº 2365 por la cual realizó la llamativa movida que favoreció a Ramón González Daher, adolece de un grave error en la fecha consignada.
La data manuscrita ubicada en la parte superior del documento, fecha el mismo como del “10 de enero del 2012″, un error que ni siquiera puede atribuirse a un caso de dislexia, ya que la resolución corresponde al año 2022, y no al 2021. Tampoco se puede alegar que se trate de una resolución del 2012, y que por error se atribuye a este año, ya que la fecha del permiso otorgado sí está bien consignada en la parte resolutiva, siendo el 14 de enero del 2022.
Este error deja lugar a sospechar que el documento pudo haberse realizado a las apuradas para beneficiar a Ramón González Daher, que en menos de 12 horas logró su libertad ambulatoria. Dicha decisión la revocó un Tribunal, que dispuso la prisión domiciliaria.
Además, no es la primera presunta maniobra que salpica al Poder Judicial en este caso, ya que hay incluso una investigación penal por los presuntos delitos de alteración de datos y acceso indebido a sistemas informáticos, luego de que la fiscala de la causa, Sandra Ledesma detectara que habían manipulado el sistema informático judicial para impedir que presente su apelación. La auditoría preliminarmente confirmó que dicho boicot se hizo desde el juzgado que interinó Sanabria y hay tres funcionarios sumariados.