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Desembolsos en tiempo récord, deficiencias documentales y ONG integradas por personas vinculadas al gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez (ANR, cartista), son algunas de las anomalías detectadas en la rendición de cuentas de los G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) del fondo covid entregados a los administradores políticos del XIV Departamento.
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Y pese a las evidencias, la Fiscalía, dirigida por Sandra Quiñónez, no llegó hasta ahora a la gobernación para realizar alguna verificación.
El exfutbolista y actual jefe departamental Ramírez incluso había reconocido algunas de las denuncias, pero las minimizó al decir que son cuestiones administrativas. Sin embargo, se descubren más deficiencias a diario.
Tal es el caso de la integración de las dos ONG beneficiadas con dinero público. Un primer punto que evidenció la documentación adjunta en la rendición de cuentas, es que la Asociación Pro Desarrollo del Norte y la Asociación Pro Apoyo al Consejo Departamental de Salud tienen casualmente como miembro a un exfuncionario de la Gobernación de Canindeyú.
Se trata de Nolberto Martínez, de 23 años, quien ingresó a la plantilla de la institución con ayuda de Ramírez y permaneció ahí por unos meses, curiosamente, cuando se realizaban los desembolsos a favor de las ONG. Pero, el ahora exempleado tiene otro vínculo con el jefe departamental: Para más coincidencia, también es trabajador que está a cargo de la madre del gobernador.
La otra cuestión que salió a luz es que Ramírez entregó el dinero público a una ONG constituida por una persona vinculada años atrás al robo de un banco. Se trata de Édgar Osvaldo Galeano Bogado, un ex funcionario del Ministerio Público.
Galeano Bogado aparece en los documentos como el creador de la Asociación Pro Apoyo al Consejo Departamental de Salud junto a otra exfuncionaria de la institución departamental, Anahí Marilia Silvero Cañete.
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Para sorpresa, la joven es hermana de la secretaria de Administración y Finanzas de la Gobernación, Fanny Mariel Silvero Cañete.
Transferencias en el mismo día
La documentación adjunta a la rendición de cuentas del “Tigre” Ramírez sobre el uso del “fondo covid” reveló que las transferencias se realizaban en el mismo día en que ingresaba el pedido de las ONG. Incluso, las asociaciones firmaron contratos con constructoras incluso antes de solicitar los recursos públicos. Al respecto, el jefe departamental habló de un “trato verbal” previo con las comisiones.
Realizaron allanamiento en cuestión de horas en Caazapá
Un trato completamente diferente por parte de la Fiscalía tuvo la Gobernación de Caazapá, a cargo del velazquista Pedro “Pipo” Díaz Verón. Y es que el Ministerio Público abrió una investigación y realizó un allanamiento en la sede departamental luego de horas de las primeras denuncias sobre el presunto manejo irregular de los US$ 2.000.000 del fondo covid.
La rendición del gobernador caazapeño también está plagada de irregularidades, como la transferencia del dinero público a ONG sin estar habilitada en su estatuto para realizar obras.
Es el caso de la Asociación de Desarrollo Interdistrital de Caazapá, presidida por el exfuncionario municipal Yonny Guzmán Florentín, que recibió de manos de “Pipo” G. 1.800 millones para obras de empedrado y la remodelación de la exestación del tren en el distrito de Moisés Bertoni.
Esta última obra no se realizó por falta de autorización de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Ante esta situación, el jefe departamental resolvió redireccionar los fondos públicos a otras áreas.
Sin embargo, para sorpresa las construccciones previstas ya habían sido gerenciadas e incluso cobradas en su totalidad de la Gobernación por el Consejo Regional de Salud, presidido por Roque Vera Lugo. Es decir, habría una doble transferencia.
Los papeles también evidenciaron que el gobernador giró fondos a ONG integrada por policías activos.
Actuación en caso Central se produjo luego de varios meses
El gobernador de Central, el imputado Hugo Javier González (ANR, cartista), es otro que tuvo un trato “preferencial” de la fiscalía. Y es que pese a la catarata de evidencias y una denuncia formal de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senad) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) sobre el presunto mal uso de los fondo covid el Ministerio Público tardó casi cuatro meses en realizar la imputación.
El jefe departamental fue imputado el 1 de noviembre e 2021 por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y otros. Mientras que las denuncias con González comenzaron a finales de junio de ese año.
El exanimador de fiestas convertido en gobernador giró todo el primer millón de dólares, G. 6.382 millones, a dos ONG: el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por el imputado Tadeo Álvarez, y el Consejo Regional de Salud, a cargo del Hugo Cabrera.
Las denuncias evidenciaron que el jefe departamental adjuntó a su rendición de cuentas facturas clonadas y de empresas inexistentes. Incluso, se verificó que varias de las obras ya estaban al momento del desembolso del dinero público, según las pesquisas.
Lo curioso es que pese al rosario de supuestas anomalías el gobernador recibió igualmente el segundo millón de dólares de parte del Poder Ejecutivo. Los recursos fueron entregados para la reactivación económica luego de las medidas por el covid-19.