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Mediante la acción promovida por el abogado Óscar Bogado Rolón en nombre de Itaipú, la binacional pretende mantenerse en su negativa de proporcionar datos sobre los millonarios contratos adjudicados a abogados externos.
Los legisladores solicitaron vía Ley de Acceso a la Información Pública dichos datos, atendiendo a que Itaipú cuenta con un departamento jurídico, dirigido por Iris Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, cartista), con profesionales que cobran millonarios salarios, y aún así, la institución contrata a abogados externos.
En su excepción de constitucionalidad, Itaipú se niega a acatar el artículo 2º, inciso i de la Ley de Acceso a la Información Pública, alegando que la binacional no puede considerarse una “fuente pública” de información.
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Dicha ley establece taxativamente que como fuentes públicas a “las comisiones mixtas y las entidades binacionales. Los representantes, directores y consejeros paraguayos de estas reparticiones públicas deberán garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las personas a solicitar y recibir información pública de las mismas”.
Sin embargo, desde Itaipú insisten en que supuestamente la institución, pese a estar subordinada al Estado paraguayo, por su condición de binacional supuestamente requiere la autorización del condómino, en este caso Brasil, para la divulgación de datos de la misma.
Previamente, la binacional había respondido al pedido de acceso a información de los legisladores, pero omitiendo responder los puntos centrales, como ser el proceso de selección y adjudicación de los abogados beneficiados con contratos.
La diputada González expresó su repudio a la acción planteada por la Binacional, exigiendo a la Corte que finalmente se expida finalmente con relación a este tema, en favor del derecho ciudadano al acceso a la información pública.
“Todo lo que hace a la Itaipú es de interés público, no pude jugarse con esto y no puede seguir perteneciendo a una cúpula que se declara inauditable, que se alza contra el Estado de Derecho contra el Estado Constitucional. Esto merece una sanción”, afirmó la diputada.