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La semana pasada el bloque cartista pasó factura al Gobierno y dejó sin quórum la sesión de Diputados en la que debía tratarse una nueva ley de emergencia sanitaria cuya aprobación y promulgación permitirá la compra de entre 1.000.000 y 1.500.000 de vacunas Pfizer para niños de entre 5 a 11 años de edad.
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El cartismo y sus aliados llanistas retrocedieron en seguir con su mala estrategia política que perjudica a miles de niños que aguardan recibir los inmunológicos y decidió que en la sesión de la fecha aprobarán con modificaciones el proyecto de ley, postura que pudieron plantear en la sesión de la semana pasada.
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El principal punto de cuestionamiento de los cartistas y los opositores de la ley que extienden la declaración de estado de emergencia por la pandemia hasta el 30 de junio, es el Artículo 4° que autoriza al Ministerio de Salud, IPS, los hospitales de Clínicas, el Militar y el Rigoberto Caballero a realizar contrataciones de personal de manera “temporal” sin concurso hasta marzo de 2022, supuestamente para cubrir puesto vacantes por “renuncia, muerte o jubilación.”
La eliminación del artículo o su modificación será definida en la sesión de la fecha. Según los detractores de la norma habilitaría la discrecionalidad sin mayores controles en pleno año electoral.
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El diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) dejó en claro que pesa el criterio político antes que el técnico para la contratación masiva del personal de blanco. Afirma que la aplicación del artículo referente a las contrataciones sería extemporánea porque el plazo rige sólo hasta el 31 de marzo.
Sobre ese punto, la diputada Rocío Vallejo, líder de la bancada del Partido Patria Querida (PPQ), menciona que el polémico Artículo 4° no tiene mucho sustento, porque se tratan de casos muy específicos como muerte, renuncia o jubilación para crear una vacancia. Cuestiona, además que la vigencia de ese artículo sea hasta el mes de marzo.
El proyecto de ley
Con la norma en vigencia se podrá ampliar la cobertura médica de pacientes internados en terapias intensivas por covid-19 hasta el 30 de marzo, en caso de que sean derivados a sanatorios privados.
También se establecen mecanismos de rendiciones de cuentas para transparentar el proceso, punto flojo de la norma ya que varias gobernaciones como el caso de la Gobernación de Central mal utilizaron los recursos.
Subsidio del IPS
El proyecto de ley también faculta al Instituto de Previsión Social (IPS) al pago de compensaciones económicas a trabajadores suspendido durante la pandemia hasta el 30 de junio y hasta un total de US$ 20 millones.
Existe la tendencia de que la norma sería aprobada con modificaciones y devuelta al Senado que analizaría el punto el miércoles.
Tras la excusa esgrimida la semana pasada del cartismo para no tratar la ampliación de la ley de emergencia sanitaria el plazo fenecido establecido en el reglamento interno de Diputados para sesionar de forma virtual, los diputados son convocados a asistir de forma presencial en la sesión de la fecha, prevista para las 9:00.
También tratarán como segundo punto el proyecto de ley de emergencia nacional por sequía.