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Este jueves, la Coordinadora de Abogados del Paraguay presentó una nota solicitando que la Corte Suprema de Justicia abra un sumario e investigación sobre la actuación del juez civil Enrique Sanabria, quien la semana pasada otorgó libertad ambulatoria al exdirigente deportivo luqueño Ramón González Daher.
El pasado viernes, Ramón González Daher se presentó en la sede del Ministerio Público en Luque luego de que se dictara una orden de captura en su contra, en el marco de una causa de declaración falsa por la que fue imputado.
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Sin embargo, antes de que la fiscala Sandra Ledesma pudiera tomar declaración al imputado, González Daher fue convocado por el juez Sanabria para una audiencia de imposición de medidas que terminó con el exdirigente luqueño beneficiado con la libertad ambulatoria.
Enrique Sanabria no es juez penal
María Ester Roa, de la Coordinadora de Abogados, dijo a ABC TV que “la inacción del Poder Judicial y la Superintendencia de la Corte Suprema” impulsó a los letrados a presentar la nota de pedido de sumario.
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“¿Qué hace un juez en lo Civil en feria atendiendo una materia Penal?”, se preguntó Roa, agregando que “el juez Enrique Sanabria nunca ejerció la profesión en el fuero Penal”.
El argumento del juez Sanabria
El juez Sanabria argumentó a favor de su decisión que González Daher se presentó de manera “voluntaria” ante la Fiscalía, y consideró que tiene suficiente arraigo en Paraguay para evitar suponer que haya riesgo de fuga.
Además, dijo haber tenido en cuenta la edad de González Daher para rechazar el pedido de prisión preventiva hecho por la Fiscalía.
En ese sentido, Roa indicó que la ley dicta que personas mayores de 70 años pueden ser sometidas a prisión preventiva en modo domiciliario.
“¿El juez cómo explica dar libertad ambulatoria a una persona condenada con varios hechos punibles denunciados?”, insistió.
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Roa también cuestionó la sospechosa forma en que la fiscala Ledesma fue bloqueada para no presentar una apelación a la decisión del juez Sanabria cuando fue inexplicablemente desvinculada del caso en el sistema informático del Poder Judicial, una irregularidad por la que están bajo sumario tres funcionarios judiciales.
El derecho a apelación de la fiscala fue “censurado”, sentenció.