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En la jornada de hoy, el exprocurador Sergio Coscia se sometió a la audiencia de imposición de medidas a cargo del juez Humberto Otazú, especializado en delitos económicos, quien resolvió la caución real de inmueble de G. 1.000 millones y estableció la obligación de comparecer en los primeros diez días de cada mes. No se aplicó la medida de prohibición de abandonar el país por considerarse positiva la conducta de someterse al proceso, comentó su abogado Enrique Kronaweter.
Las declaraciones las brindó ante la prensa al culminar la citada diligencia. Aprovechó la ocasión para cuestionar la imputación de la fiscala María Estefanía González, documento al que calificó de “endeble”. “Se habla de que él habría dictaminado cuando en ninguna parte de la ley que rige los juegos de azar se establece la intervención de la Procuraduría. No hay un sólo elemento objetivo que se pueda sindicar como una conducta relevante la de Coscia en el tiempo que se desempeñaba como procurador”, expresó.
Coscia es uno de los ocho imputados por irregularidades en las gestiones de la Conajzar. El Ministerio Público lo involucra como “creador” del documento con el cual la comisión se respaldó para disminuir el canon a las concesionarias de juegos de azar durante la pandemia, considerada ilegal por la fiscala, mientras que las otras irregularidades son la adjudicación de la quiniela a una firma morosa del fisco y la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos.
Los demás procesados son José Antonio Ortiz Báez, representante de Hacienda y presidente de la comisión; Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben); Rubén Antonio Roussillón Blaires, de gobernaciones; Ricardo Núñez Giménez, de municipios, y Omar Mongelós González, del Ministerio del Interior. Además de Raúl Mariano Silva Busto, exmiembro de Conajzar, y Álvaro Wasmosy Carrasco, directivo de Technologies Development of Paraguay SA (TDP), quienes se encuentran procesados por la adjudicación de la quiniela.
Cabe recordar que para reducir el canon, los miembros de la Conajzar recurrieron a “la asesoría jurídica de la Administración Pública en la forma que determina la ley, según la Constitución Nacional” y del dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR), emitido el 31 de marzo de 2020, descartaron la exigencia del decreto y tomaron la parte que hablaba de que “la posición de los miembros de la comisión se ajusta a la realidad del mercado de los juegos de azar y las peticiones de los concesionarios”. Coscia estipuló que es viable la reducción del canon (ver facsímil).
Juez rechaza los recursos planteados por procesados
El juez Humberto Otazú rechazó los recursos planteados por los demás procesados, ya que sólo Coscia se sometió a la audiencia de imposición de medidas, que estaba agendado para esta mañana. En la jornada de hoy también se presentaron ante el juzgado Wasmosy y Rousillón, quienes habían solicitado la nulidad de la imputación por no describir sus responsabilidades en el citado documento y luego la reposición, para impedir el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas, ya que la anterior diligencia no se encontraba resuelta para el normal desarrollo del proceso.
Por su parte, Mongelós informó su imposibilidad del desarrollo de su audiencia debido a que su abogado Álvaro Rojas se encuentra con covid-19. Se trata del hijo de la ministra de Justicia Carolina Llanes.
Asimismo, Ortiz, Alonso, Giménez y Silva se presentaron ayer para constar su presencia para la audiencia de imposición de medidas, aunque no se sometieron a la diligencia, ya que aguardaban la resolución del juzgado con relación al mismo pedido hecho por los demás procesados.
Con el rechazo de la solicitud de los procesados del mismo expediente, la causa va al tribunal especializado en Delitos Económicos para estudiarlo.
