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Digno Ramón López Delgadillo se presenta como lugareño, residente “de toda la vida” de la zona, al igual que sus padres y abuelos, y se identifica como el padre de Diana Mariel López Rojas (29), víctima fatal de arrollamiento ocurrido el 10 de diciembre de 2021, a las 6:00 de la mañana cuando pretendía ir a su lugar de trabajo, a la altura del Km 76, de la ciudad de Eusebio Ayala.
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La denuncia penal presentada con patrocinio del abogado Hugo López Sanabria va dirigida contra el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, funcionarios de esta cartera, así como contra los directores responsables de las empresas consorciadas bajo la denominación de Rutas del Este SOE (Sociedad de Objeto Específico), integrada por las firmas denominadas SACYR Concesiones y Ocho A, y es por los delitos de homicidio doloso en grado eventual, actividades peligrosas en la construcción e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.
El denunciante sostiene que el arrollamiento fatal ocurrió debido a las deficiencias en la construcción de la ruta, por causa del muro divisor y a la falta de cruce peatonal, y por ello tuvo que trepar dicho muro de un lado de la ruta para instalarse al otro lado, y cuando terminó de bajarse sufrió un desequilibrio, momento en el cual fue embestida por un motociclista que circulaba con rumbo este-oeste y pierde la vida inmediatamente.
“La imprevisión e irresponsabilidad de los denunciados, que fueron advertidos convenientemente sobre el problema, de que la falta de retorno y cruces peatonales representaban ‘una trampa mortal’ para los lugareños, fueron los responsables de la pérdida de esta joven vida”, dice la denuncia penal, que deja huérfano a un niño de 6 años de edad.
La fiscala Noelia Montanía tiene a su cargo la investigación del arrollamiento fatal y sus posibles responsables.
Las deficiencias
La denuncia en primer lugar cuestiona al informe socioambiental que sirvió de base para el diseño y construcción de la ampliación de la Ruta PY02, que dice que “nadie vive en la zona”. “Al contrario, somos cientos de familias las que estamos afincadas desde tiempos inmemoriales en el lugar, donde además de nuestras viviendas tenemos escuelas, campo comunal, organizaciones campesinas con una fábrica de derivados de la mandioca, el Club 3 de Febrero, una cancha de carreras, negocios como ferreterías, venta de electrodomésticos y almacenes, un centro de alto rendimiento, varios centros urbanos, iglesias evangélica y católica, etc., todos ubicados a uno y a otro lados de la ruta”, refiere el escrito.
El informe socioambiental del proyecto dice que a la altura del Km 76 y siguientes, en ambos lados de la ruta, no hay personas que tengan residencia, lo cual resulta absurdo y ridículo, puesto que desde cualquier vehículo en movimiento se ven las poblaciones a ambos lados. Las compañías asentadas en el lugar son entre otras Boquerón 1, Boquerón 2, Potrero el Carmen, Rubio Ñu, Cabañas Cue, Cerro Porteño, Cerro Guy y Potrero Angelito, entre otras.
Muro divisorio de 1 metro, sin retorno ni cruce peatonal
Actualmente la ampliación se encuentra semiterminada y luce una capa asfáltica nueva, señalizada, pintada y con un muro divisorio de cemento de un metro de altura más o menos, que se extiende por casi 10 kilómetros sin interrupción, desde frente al hospital menonita ubicado en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, hasta el local de la Patrulla Caminera, ubicado en la ciudad de Eusebio Ayala; no habiendo previsto, por consecuencia del informe socioambiental, ni un solo retorno, ni un cruce peatonal.
El hecho obliga a que los vecinos, al desarrollar su cotidianidad, deban ponerse en peligro para pasar de un lado al otro de la ruta, porque literalmente deben trepar el muro de división. Imagínense a personas de la tercera edad, obesas, discapacitadas, niños, mujeres embarazadas haciendo esto todos los días, eludiendo los automóviles, motos y camiones que se movilizan a más de 100 kilómetros de velocidad por hora en esa zona, dice el escrito presentado por López Delgadillo.
Agrega: “Sin embargo, la vida debe continuar y, la exposición al peligro de perder la vida es inevitable, puesto que los vecinos deben ir al trabajo, viajar a otras localidades, ir al almacén para hacer las compras diarias, ir a cultos religiosos, a la escuela, al club 3 de Febrero, al campo comunal donde están colocados la pequeña ganadería de los pobladores, que por cierto, en este momento ya no pueden usar porque, ni modo, que el ganado vacuno trepe o salte la barrera vial, tampoco las mujeres pueden ir a Kuña Aty, una asociación que las nuclea y donde permanentemente tienen encuentros de capacitación, ni pueden ya visitar a sus comadres, ahijados o a los familiares”.
“La imprevisión de pasos peatonales causado por el “informe socio ambiental” conlleva un tremendo perjuicio social, laboral y económico para cientos de familias asentadas a ambos lados de la Ruta PY02 en la zona de referencia. En vez de dialogar con los vecinos y llegar a un acuerdo, las autoridades y el consorcio constructor se resistieron, varios pobladores tuvieron que soportar lesiones por parte de la policía e imputaciones por parte de la Fiscalía”, dice igualmente la denuncia.
“Hasta ahora no fuimos escuchados ni atendidos y me atrevo a advertir que cuando empiecen las clases, el cruce de la ruta va a ser un regadero de sangre. Escolares, docentes y padres tendrán que hacer la aventura de saltar o trepar el muro de la divisoria de la Ruta PY02, con el riesgo de quedarse en el intento”, advierten.