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El parlamentario señaló que, por esa razón, se debe contar con un ente regulador del mercado eléctrico por fuera de la ANDE, ya que las autoridades de esta empresa pública juegan con arco libre. “Paraguay necesita instalar un debate serio sobre la necesidad de un regulador del sector eléctrico con suficientes facultades para supervigilar a los agentes del sector eléctrico, es decir, en primer lugar debatir sobre una ley eléctrica que cree un regulador”.
“Tenemos evidencias documentadas que nos hacen presumir que existirían varias irregularidades en los contratos de compraventa de electricidad de Acaray que son: subfacturación o ventas por debajo del valor oficial de la tarifa, facultades irregulares otorgadas a funcionarios de menor rango, por ejemplo, un solo funcionario de ANDE con otro del cliente podían modificar la tarifa, una tarifa reducida o experimental por varios periodos por las mismas máquinas”, explicó.
Por otro lado, el parlamentario señaló que se realizaron firmas de adendas posteriores a la fecha de vigencia de los contratos. “A modo de ejemplo, ANDE en un momento compraba de Itaipú a 25 US$ MWh y vendía a otros países (Argentina y Brasil) en un promedio a 12,75 USD MWh la energía de Acaray”, expresó.
Asimismo, indicó que ante el cambio de gobierno en el 2008, la ANDE frenó la entrega de electricidad a las distribuidoras de Argentina y Brasil a precios inferiores del contrato. “En los sucesivos años pasaron a cobrar valores superiores”, indicó.
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Villarejo señaló que los organismos de control del Estado, como la Contraloría, deberían convocar a los expresidentes y gerentes de ANDE que tuvieron participación durante la vigencia de los contratos de compraventa, para que estos deslinden sus respectivas responsabilidades. “Es importante conocer los hechos acontecidos para poder diseñar mejores controles y evitar que sigan aconteciendo similares irregularidades”, expresó.
Asimismo, manifestó que “es sustancial debatir sobre una ley de comercialización de la energía, creando un organismo especializado para organizar subastas públicas de la electricidad excedente de ambas binacionales y Acaray, en condiciones competitivas y transparentes, en territorio paraguayo bajo leyes, reglamentos y controles paraguayos”.
Este martes, Villarejo dio a conocer el resultado de pedidos de informes realizados a la ANDE sobre venta de energía de la represa de Acaray, en el que se que reveló que habrían fijado precios inferiores a los determinados en los convenios y contratos respectivos, lo que causó un perjuicio de US$ 230 millones a la estatal según cálculos de los técnicos que trabajan con el legislador.