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Ayer se formalizó la denuncia penal presentada por la fiscala Ledesma, a quién le bloquearon el viernes pasado el acceso al sistema de gestión de expedientes, sin embargo la Corte ni siquiera informó si van a analizar dicho caso, o que van a abrir como corresponde, una auditoría para identificar a los culpables y por orden de quien actuaron. Incluso, no es el único hecho que amerita una auditoría, ya que la actuación del juez Sanabria es bastante cuestionada, incluso desde su designación.
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Originalmente, debía atender el caso RGD la jueza penal de Garantías Jennifer Insfrán, pero a último momento se apartó, y en vez de derivar el expediente a un magistrado penal de Niñez y Adolescencia, recayó en Sanabria, que es del fuero civil.
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Si bien rige la feria judicial, se encuentran de turno los ministro de Corte, César Diésel (presidente), Antonio Fretes, César Garay Zuccolillo y Luis María Benítez Riera, este último de la Sala Penal.
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El presidente de la Corte tiene las facultades para ordenar una auditoría.