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La diputada Kattya González (PEN) y su colega Édgar Acosta (PLRA), junto al abogado Emilio Camacho, del Frente Guasu, presentaron esta mañana un recurso de amparo constitucional ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de tener acceso a información pública sobre las contrataciones ejecutadas por Itaipú mediante su Dirección de Asesoría Jurídica.
Según comentó Kattya, plantean esta acción tras la negativa desde la binacional de brindar los informes previamente solicitados y pese a que –indicó- Itaipú esté regulada por la ley de acceso a información pública.
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La negativa de otorgar la documentación requerida responde a que ello podría comprometer a la directora jurídica de Itaipú, Magnolia Mendoza, quien es esposa del senador –ahora cartista- Silvio “Beto” Ovelar (ANR).
“Evidentemente, tocamos un callo grande acá. Estamos hablando de la esposa de un senador, Magnolia Mendoza, y el director financiero, un tal Fabián Domínguez. Ellos contrataron por sí, sin pasar por el Consejo y la Dirección, contratos multimillonarios. Estos contratos lo que hacen es legalizar una repartija espuria”, sostuvo.
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Presumen irregularidades
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) refirió que buscan tener acceso a las contrataciones ejecutadas por la Asesoría Jurídica de Itaipú para analizar presuntas irregularidades cometidas en los procesos y que demandaron una inversión de alrededor de US$ 400 mil.
Uno de las licitaciones presuntamente irregulares corresponde a la contratación de asesores jurídicos externos, atendiendo a que la binacional ya cuenta con un equipo legal en su estructura.
“Contratan asesorías con nombres de fantasía –como una tal Geo legal- para cumplir las mismas funciones que cumple la asesoría externa; es decir, hacer seguimiento civiles, laborales y ambientales”, declaró.
“La norma general de licitaciones que aplica la Itaipú establece que únicamente se permite la contratación excepcional en el caso de catástrofes, guerra o que explote una turbina. Por donde se le mire, esta contratación implica una lesión de confianza y tanto la directora jurídica como el financiero tienen que estar presos”, subrayó.
Director de Itaipú, en la mira
Kattya también señaló que el director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, no está exento de responsabilidades en cuanto a estos contratos. Incluso, reveló que solicitaron su “declaración de responsabilidad personal”.
Explicó que la binacional será notificada de la acción presentada esta mañana para que la misma presente su descargo.
Agregó que, en caso de una respuesta negativa de Itaipú, recurrirán a otras instancias de la justicia para obtener acceso a la información.