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Los firmantes del documento enviado a la Contraloría General en representación de la Comisión Permanente del Congreso fueron la senadora Lilian Samaniego (ANR) y Gilberto Antonio Apuril (Partido Hagamos).
Se solicita realizar una auditoría financiera, administrativa, operativa y de gestión de todo el periodo del gobernador Hugo Javier González al frente de la Gobernación de Central.
El informe final de esa auditoría deberá ser remitido a la Comisión Permanente.
El pedido de auditar la gestión de Hugo Javier González fue propuesto por la bancada de diputados de Patria Querida, conformada por Sebastián Villarejo, Sebastián García y Rocío Vallejo.
Intentamos hablar con el contralor Camilo Benítez para saber si ya fue conformado el equipo auditor, pero no contestó las llamadas.
Imputado por supuesta lesión y asociación criminal
El 1 de noviembre de 2021, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said imputaron al gobernador Hugo Javier González y a otras 14 personas por los supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.
La Gobernación de Central recibió del Poder Ejecutivo 6.382 millones de guaraníes en diciembre de 2020, como fondos de emergencia por la pandemia de covid-19, y el gobernador González repartió todo el dinero a dos organizaciones no gubernamentales.
La Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional, representada por Tadeo Álvarez (también imputado), recibió 5.105 millones de guaraníes y supuestamente usó todo el dinero en obras de infraestructura en espacios públicos. Sin embargo, según su estatuto social, la organización no está habilitada para la ejecución de ese tipo de obras.
El Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera, también recibió 1.276 millones de guaraníes.
En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas y facturas de empresas fantasmas, entre otras anomalías que fueron confirmadas por la Secretaría Nacional de Anticorrupción, la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Contraloría General de la República, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público.
El fiscal Juan Ledesma también investiga otro caso, de transferencias hechas en 2019 por la Gobernación de Central a varias organizaciones no gubernamentales, en las que de 18.300 millones de guaraníes no tienen respaldo documental.
Además, la fiscal Natalia Fuster investiga una nueva trasferencia hecha en 2021.
En un solo día, Hugo Javier González autorizó el desembolso de 5.185 millones de guaraníes a favor de una nueva organización no gubernamental de nombre Tekove Asociación de Servicios Sociales.