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El Poder Ejecutivo mantiene como integrantes de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) a José Ortiz, Carmen Alonso, Ricardo Núñez, Rubén Rousillón y Omar Mongelós, cargos que son de confianza, designadas por decreto.
El presidente de la República permanece “ciego, sordo y mudo” al no pronunciarse con ninguna decisión en relación a la directiva de Conajzar, dando un claro mensaje de protección política a pesar de los fulminantes dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría Anticorupción (Senac) e incluso la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), esto al cumplirse ya una semana de que el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú admita la imputación presentada por la fiscala Estefanía González.
La citados son procesados por irregularidades al adjudicar la quiniela a una firma supuestamente morosa con la SET, además de “regularizar” tragamonedas en sitios prohibidos y reducir el canon en pandemia, lo que derivó a una disminución de los recursos de la Dirección de Beneficiencia y Asistencia Social (Diben) en plena pandemia.
Mario Abdo se mantiene en silencio ante la exigencia de trabajadores de juegos de azar de intervenir Conajzar y destituir la directiva. Misma exigencia realizaron los senadores Esperanza Martínez y Jorge Querey. Se intentó conocer la opinión de los miembros de Conajzar pero ninguno contestó.
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Violan Ley N° 1626 de Función Pública, denuncian
La representante de empresarios de juegos de azar, Lorena Rojas, lamentó la inacción del Ejecutivo y, en particular, de los titulares de los Ministerios de Hacienda e Interior, Óscar Llamosas y Arnaldo Giuzzio (exfiscal), respectivamente, quienes tienen un representante ante la Conajzar. Indicó que de esta manera, se viola la Ley N° 1626 de Función Pública, que en su artículo N° 42 establece que “cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso”, lo cual tiene alcance con los miembros de Conajzar, ya que en el artículo 8 estipula que se los considera como funcionarios públicos.
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Existe antecedente de sumario ordenado por Hacienda a su representante, en 2010, el entonces ministro Dionisio Borda abrió un sumario a Cristhiant Vera, titular de la reguladora de juegos de azar en la época. Se trata del mismo que hoy está vinculado con la firma “reguladora” de tragamonedas, iCrop SA, de Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu.
“Comparan peras con manzanas”, dice TDP
Celso Vergara Heinrroth, tributarista y representante de la concesionaria de la quiniela, Technologies Development Of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, respondió que se “comparan peras con manzanas” ante la afirmación del viceministro de Tributaciones, Óscar Orué, de que sólo esa firma no cumple con el pago de impuesto de la Ley N° 431/73 para veteranos de la Guerra del Chaco, mientras que las demás empresas del rubro sí lo hacen.
Vergara indicó que la citada ley no se encontraba reglamentada y actualmente, está derogada, por lo tanto, en los términos de su vigencia, no disponían de los procesos para ejecutarlo. Con relación a la comparación hecha por el viceministro, de que en las mismas circunstancias las otras compañías del rubro sí cumplían con los pagos, respondió que no puede dar declaraciones por las otras empresas del rubro y su cumplimiento tributario. Reiteró que la citada ley no está reglamentada ni existen los formularios para los pagos, por lo que el viceministro “compara peras con manzanas”.
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De esta manera, el tributarista fue requerido que, en su opinión, la ley debe contar con una reglamentación para cada tipo de juego, a lo que precisó que la ley debe ser reglamentada para todos los juegos de azar, no por tipo de juego. Anunció que no descarta recurrir al Tribunal de Cuentas.
Por su parte, el viceministro precisó que la ley es clara al establecer el mecanismo, sólo se debe realizar los depósitos correspondiente a la retención por el impuesto en el Banco Nacional de Fomento (BNF), por lo que se preguntó ¿cómo lo hacen las otras firmas sin reglamentación?”.
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La Fiscalía cuestiona la adjudicación de la quiniela, negocio que mueve US$ 127 millones al año, a esta firma a pesar de estar supuestamente morosa con el fisco.
