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Según las fuentes, en el Consejo de la Magistratura elegirían nuevamente como presidente al diputado colorado oficialista Roberto Eudez González Segovia, quien reemplazará al abogado Oscar Paciello Samaniego, quien también tuvo una muy cuestionada labor al frente del órgano extrapoder en la conformación de terna para ministro de Corte de la que resultó elegido el senador liberal Víctor Ríos Ojeda.
Internamente, algunos miembros del Consejo estarían un tanto disgustados con Paciello Samaniego porque no les habría cumplido promesas comprometidas, por lo que estarían declinando apoyarle para un nuevo periodo. A la vez, el retorno a la presidencia del CM del diputado González Segovia, quien no se caracteriza por su transparencia, formaría parte de la maniobra política ya que se vienen designaciones importantes en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ya que dos de sus miembros se jubilan este año.
Paciello había anunciado que en la primera sesión del CM de este año (7 de febrero) se resolvería convocar en un solo llamado para llenar las vacancias que se producirán en el TSJE por las jubilaciones de los ministros Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka cuando cumplan 75 años de edad, el 21 de abril y 14 de mayo, respectivamente.
Paciello igualmente fue muy criticado el año pasado por haber contratado como asesor comunicacional a la empresa de Germán Martínez Vierci (GEMAVI), porque este periodista es pariente (cuñado) del miembro del Consejo de la Magistratura y representante del Poder Ejecutivo, Mónica Seifart de Martínez.
Asimismo, se objetó a Paciello que en plena pandemia del covid-19 haya aumentado el beneficio de bonificaciones a funcionarios del Consejo, cuando las directivas en los entes del Estado era de mantener la austeridad al máximo. El aumento se pagó desde agosto de 2021.
Hegemonía colorada en Corte de 27 años
En la Corte Suprema de Justicia el ministro Antonio Fretes (colorado) se prepara y es uno de los firmes candidatos para asumir la presidencia de la máxima instancia judicial, por el periodo 2022-2023.
Según el Código de Organización Judicial, la Corte debe elegir a sus nuevos miembros titulares para cargos directivos en febrero de cada año.
Antonio Fretes pretendería la presidencia de la Corte Suprema en su último año como ministro ya que el 10 de marzo de 2023 debe indefectiblemente dejar de ser magistrado cuando en esa fecha cumpla 75 años de edad. Por imposición de la Constitución Nacional, los magistrados deben cesar en sus cargos al cumplir la mencionada edad.
En la Corte Suprema hubo una aplastante hegemonía colorada en la presidencia. Solo una vez, desde la conformación de sus miembros con la nueva Constitución Nacional de 1992, en abril de 1995, un no colorado presidió la Corte. Se trató del ministro Enrique Sosa (PLRA), quien fue electo presidente en 1997.
En ese entonces, fue presidente de la República Juan Carlos Wasmosy.
Es así que han pasado 27 años de la última vez que un ministro que no respondía al Partido Colorado asumió la presidencia de la Corte, desde entonces, todos los periodos, preside la máxima instancia judicial, un ministro colorado.
El 3 de abril de 1995, la Cámara de Senadores había designado a los nueve primeros miembros de la Corte Suprema de Justicia, elegidos de acuerdo a la Constitución Nacional de 1992. Los nombramientos fueron fruto de un acuerdo de los partidos políticos con representación parlamentaria y el entonces presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy.
Los elegidos fueron Elixeno Ayala, Luis Lezcano Claude y Enrique Sosa, propuestos por el PLRA; Jerónimo Irala Burgos, de origen democristiano, apoyado por el PEN; Wildo Rienzi, Carlos Fernández Gadea, Felipe Santiago Paredes y Óscar Paciello, propuestos por el Partido Colorado, y Raúl Sapena Brugada, un candidato de origen colorado, pero que tuvo el consenso de todos los sectores.
Bogarín, autocalificado de gremialista
El actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es el Abog. Jorge Bogarín Alfonso, quien es, a su vez, representante ante este órgano por el Consejo de la Magistratura (CM).
Bogarín Alfonso fue electo como consejero y había acudido a las elecciones como representante de los gremios de abogados. Desde un principio se le identificó como colorado cartista, por el acercamiento que tuvo al expresidente de la República Horario Manuel Cartes Jara.
Sin embargo, Bogarín Alfonso en una entrevista en este medio había afirmado que quiere que le identifiquen como gremialista, ya que siempre, desde su época de universitario en la Facultad de Derecho (UNA), ha sido representante de los diferentes estamentos estudiantiles. Agregó que su llegada, tanto al Consejo de la Magistratura como al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se lo debe a los gremios, de estudiantes y de abogados.
Según ha prometido y se ha comprometido en varias entrevistas, Bogarín Alfonso pretende seguir transparentando todo lo referente a la gestión dentro del Jurado. Uno de sus “caballitos de batalla”, es la implementación del expediente electrónico, que entrará en funcionamiento en el JEM a partir de febrero próximo. Empero, la gestión de su antecesor, el senador liberal Fernando Silva Facetti, no fue del todo transparente.
Se sigue aguardando firmeza del Ministerio Público
Otro de los principales componentes del Sistema Judicial de nuestro país, es sin duda alguna el Ministerio Público, de trascendental importancia jurisdiccional.
Se encuentra al frente de este órgano la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, a quien le reclaman que está muy identificada con el cartismo.
Justamente fue puesta en el cargo de fiscal general del Estado durante el periodo presidencial de Horacio Cartes Jara.
El Ministerio Público combina actuaciones altas y bajas, y es muy evidente que siguen las presiones e injerencias políticas dentro de su ámbito.
La presencia de altos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en juicios que enfrentaban entonces por actos de corrupción pública los hermanos Oscar (fallecido) y Ramón González Daher, constituyeron un muy importante espaldarazo a la gestión del Ministerio Público, sobre todo para solicitar elevadas penas y no sanciones complacientes, para los supuestos responsables de los delitos.
Aún así, se sigue aguardando una presencia más firme del Ministerio Público en todas sus actuaciones.