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La fiscala María Estefanía González informó que se encuentra trabajando en la respuesta a un pedido de anulación de la imputación realizada por los ocho procesados por supuestas irregularidades en los juegos de azar, aunque adelantó que se ratificará en su decisión.
Se trata del proceso judicial que involucra a los integrantes de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que son José Antonio Ortiz Báez, representante del Ministerio de Hacienda y presidente de la comisión; Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben); Rubén Antonio Roussillón Blaires, de gobernaciones; Ricardo Núñez Giménez, de municipios, y Omar Mongelós González, del Ministerio del Interior. Además de Raúl Mariano Silva Busto, exmiembro de Conazjar, Álvaro Wasmosy Carrasco, directivo de Technologies Development of Paraguay SA (TDP), quienes se encuentran procesados por la adjudicación de la quiniela en medio de supuestas irregularidades, y Sergio Coscia, exprocurador, por avalar la reducción del canon en pandemia. Los miembros de la reguladora de juegos de azar también son sospechosos de violar normativas al “regularizar” el uso de tragamonedas en sitios prohibidos, mediante un contrato directo con la empresa iCrop SA, de Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu, que aún no fueron imputadas y cuyo representante, Humberto Acuña, no contesta las llamadas ni mensajes para conocer sus comentarios referente a este proceso judicial.
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La fiscala comentó que el argumento del pedido de nulidad de la imputación es que no se explica la responsabilidad de cada uno en los hechos punibles en la imputación. Al respecto, indicó que ese detalle va en la acusación conforme a procesos estipulados. La audiencia de imposición de medidas será el próximo 19 y 20 de enero, ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú. quien debería ratificar o no la imputación para seguir con el proceso.
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Ejecutivo se mantiene en silencio
Se intentó conocer la postura de los ministerios de Hacienda e Interior, Óscar Llamosas y Arnaldo Giuzzio, con relación a la actuación de los representantes de la respectivas carteras de Estado a su cargo pero hasta el momento no fue posible. Incluso, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sigue avalando la conducta de sus funcionarios al frente de Conajzar al mantenerlos en sus cargos pese a los dictámenes jurídicos que califican de ilegal las gestiones en la regulación de juegos de azar.
La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó ya en octubre de 2020 que la comisión no haya controlado el pago impositivo que las concesionarias de juegos de azar debían destinar a veteranos de la Guerra del Chaco (Ley Nº 431/73) y adjudicó de la quiniela pese a encontrarse morosa del fisco. Al respecto, la firma TDP, a través de sus voceros, argumenta que al momento de la adjudicación fueron presentadas todas las documentaciones exigidas.
Con relación a la “legalización” de tragamonedas, CGR cuestionó que Conajzar firmó un contrato directo con iCrop para la explotación de las máquinas en todo el país, cuando el mecanismo debería ser vía licitación para un alcance nacional, además de la violación de la normativa al permitir su uso en sitios prohibidos y la exposición de niños y adolescentes. En similares términos, la Secretaría Anticorrupción (Senac) y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) también la decisión de la directiva de Conajzar.
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Empresarios del rubro, trabajadores de juegos de azar e incluso Senadores pidieron la destitución de Ortiz, Alonso, Núñez, Rousillón y Mongelós, y una intervención en esta oficina. Sin embargo, hasta el momento no se reportó ninguna medida política que apunte en aclarar las irregularidades denunciadas.
