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El abogado representante legal del Colegio de Escribanos del Paraguay Juan Claudio Gaona, tras la constitución del escribano para la intimación notarial al presidente de este gremio Jorge Augusto Miller Donna, para que se ratifique o rectifique sobre la denuncia que presentó en el Ministerio Público sobre un supuesto desvío de fondos contra “personas innominadas” de lo que percibió el gremio en concepto de venta de materiales de uso notarial, desde 1999 a 2021, indicó que “llegó tarde la intimación”.
“Llegaron tarde con la intimación porque esto estaba pensado para amedrentar al presidente (Miller Donna) antes de la ratificación de la denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, llevado a cabo en la mañana de este viernes”, dijo el abogado Gaona.
La intimación notarial debió realizarse el jueves 13 de enero, pero el notario no pudo ubicar ese día al titular del Colegio de Escribanos, y es por ello que recién se constituyó en la mañana de este viernes para realizar el trabajo encomendado, explicaron.
Sobre la intimación agregó Gaona: “Se nota que todavía no saben cómo van a defenderse penalmente. La solicitud de intimación tiene aseveraciones que ayudarán al fiscal a probar que con dinero de la Corte (dinero ajeno) se hicieron muchas ‘inversiones’; además, se autoincriminan por sus mismas afirmaciones constatadas en el acta notarial. Sigo sosteniendo que es gente torpe y sin razonamiento jurídico. El fiscal puede presentar como prueba la intimación donde afirman detalladamente los inmuebles adquiridos y los montos que pagaron por los mismos, con dinero que no le pertenecía al Colegio de Escribanos”, indicó el abogado.
Gaona también dijo que “veremos si los exdirectivos del Colegio de Escribanos también intiman al ministro de la Corte Suprema Alberto Joaquín Martínez Simón, quien fue el que inició la demanda de ‘rendición de cuentas’ de casi US$ 8 millones contra el Colegio para reclamar el 70% que nunca depositaron de lo que percibieron por la venta de materiales de uso notarial, desde 1999 al 2021. Esta demanda de la Corte fue lo que originó la denuncia penal por supuesta lesión de confianza y apropiación porque los exdirectivos del Colegio nunca previsionaron el dinero percibido para entregarlo a su dueño”, indicó.
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Los exmiembros del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos del Paraguay que presentaron el acta de intimación notarial al actual titular del gremio Miller Donna mediante la constitución del notario y escribano público Salvador Francisco Servián Montanía, son Roberto Wilfrido Escobar González, Ana Manuela González Ramos, Sonia Patricia González Villalba, Ana María Gaona Riveros, Beatriz Carolina Molinas Rojas, Stella Mary Vergara Vda. de Acuña y Edison Arnaldo Cáceres Ortigoza.
La intimación al presidente del Colegio de Escribanos dice: “Teniendo en consideración que aún no existe montos -definidos ni mucho menos sentencia definitiva en el juicio de rendición de cuentas que entabló la Corte Suprema de Justicia contra el Colegio de Escribanos del Paraguay, en relación al resultado de la venta de materiales de uso notarial, durante el periodo transcurrido entre 1999 al 2021: 1) ¿En qué se basa usted para afirmar que existe faltante, desaparición, ‘tragada’ e incluso apropiación de sumas de dinero haciendo directamente responsables, según sus dichos a las anteriores Comisiones Directivas?. ¿Tuvo en cuenta usted en su afirmación las inversiones que se realizaron en todo este tiempo en inmuebles por valor de G. 23.293.354.860?, a fin de resguardar el dinero reclamado por la Corte Suprema de Justicia, cuyo monto hasta el día de hoy aún se está discutiendo judicialmente. Y a continuación hacen referencia a una serie de inmuebles que fueron adquiridos a nombre del Colegio de Escribanos, en los diferentes periodos desde 1999″.
También el acta de intimación pregunta. ¿Por qué razón el actual Consejo Directivo presidido por usted se allanó a rendir cuentas por sumas de dinero ingresados al Colegio de Escribanos entre el periodo 1999 al 2021, por la venta de materiales de uso notarial y en ningún lado menciona la Acordada de la Corte Suprema de Justicia N° 128/1999 la cual dispone el reestudio del Art. 3° de la Acordada N° 117/1999 en el cual se establece: “El producido de la venta de los materiales de uso notarial, luego de deducido el costo de impresión, será distribuido como sigue: 70% para la financiación de los distintos programas previstos en el presupuesto aprobado por el Poder Judicial, y el 30% para el Colegio de Escribanos del Paraguay, por el servicio?”.
También dice: “Puede aclarar, ¿por qué usted solicitó el embargo preventivo de los bienes de sus colegas que formaron parte de las anteriores comisiones directivas por la suma de G. 49.901.686.269, siendo que el actual Consejo Directivo reconoce la deuda mucho menor de G. 16.229.888.764, y además el balance aprobado por la última asamblea ordinaria de socios del Colegio de Escribanos del Paraguay (periodo hasta marzo de 2021) arroja un patrimonio neto de G. 27.867.269.266, es decir, según balance aprobado por Asamblea se cuenta con bienes suficientes y no existe ningún faltante”, dice entre otros cuestionamientos que realizaron los exmiembros de la directiva de este gremio.
Sobre el embargo preventivo, el abogado Gaona explicó que fue la Corte Suprema al plantear la demanda por rendición de cuentas, la que trabó la medida cautelar sobre los bienes del Colegio de Escribanos, hasta cubrir la suma señalada, y es erróneo lo que dice el acta de intimación, según indicó.