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Alicia Gutiérrez, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba) en entrevista a nuestro diario instó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a que ordene una intervención a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez. Gutiérrez argumentó que la reciente imputación a ocho personas por irregularidades en las gestiones evidencia que amerita una decisión política fuerte que acompañe a fin de aclarar los hechos denunciados.
Se trata de la denuncia hecha por los senadores Esperanza Martínez, Jorge Querey y Enrique Bacchetta en agosto último, sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de la quiniela a TDP SA, de Álvaro Wasmosy (hijo del expresidente Juan Carlos Wasmosy), la “regularización” del uso de tragamonedas en sitios prohibidos, a cargo de la firma iCrop SA (de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu) y la reducción del canon a concesionarias.
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Los trabajadores de juegos de azar señalaron en un comunicado que acompañan la denuncia sobre los hechos irregulares que son de público conocimiento, y que son el resultado de una investigación periodística. Entienden que hay razones para que el Poder Ejecutivo tome “cartas en el asunto” y ordene la intervención de la comisión, cuyos integrantes se encuentran procesados. El listado de procesados por las supuestas irregularidades denunciadas son además de Ortiz, Carmen Corina Alonso, Omar Rodrigo Mongelós González, Ricardo Núñez Giménez y Rubén Rousillón Blaires; Raúl Mariano Silva Busto, miembro de la comisión cuando se aprobó la cuestionada adjudicación de la quiniela en 2019.
“El presidente de Conajzar fue interpelado por el Senado, ocasión en que no pudo contestar satisfactoriamente las preguntas, dejando una deplorable imagen de su gestión, en la que quedó al descubierto su mal manejo”, expresa el comunicado firmado por Felipe Eugenio Gómez Paniagua, secretario general del gremio. Agrega que “el Ejecutivo no ha tomado ninguna medida ni se interesado en transparentar la gestión del ente”.
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Por este motivo dijo Gómez, y teniendo en cuenta que los funcionarios se encuentran imputados por gravísimos hechos, es que exigen una inmediata intervención a la comisión, a fin de que se destituya a todos los miembros, se anulen los contratos de la quiniela y la“legalización” de tragamonedas. “Nuestro sindicato se mantendrá movilizado y atento al desarrollo de este proceso para que de una vez por todas haya transparencia e impere la ley en la institución”, afirmó.
Por otra parte, el gremio también cuestionó la actuación de la fiscala María Estefanía González, quien supuestamente intentó allanar las oficinas de TDP pero no encontró porque se cambió de dirección hace un año. Al respecto Alicia Gutiérrez calificó de “chiste” que no haya encontrado la oficina, y que si realmente busca obtener todas las evidencias, ya que se hubiera rectificado e intervenido, sin embargo, “esto de esperar una nueva orden judicial les da tiempo de hacer desaparecer valiosas informaciones”, expresó.
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TDP desconoce al sindicato
Consultado referente al comunicado, el representante de la concesionaria de la quiniela (TDP SA), José Fernández Zacur, manifestó a ABC que “se desconoce que existan corredores de la firma que integren esa organización”. De hecho, no pueden haber trabajadores de la quiniela legales si no prestan servicios para TDP, ya que la explotación es única y exclusiva (monopolio)”, dijo.
Aprovechó la ocasión para comentar que el lunes último se arrestó al hermano de la persona que firma el comunicado, Eladio Gómez Paniagua (50), por explotación clandestina de juegos de azar, es decir, un supuesto quinielero mau. “Esto es grave y tal vez explique cómo viene la mano”, expresó.
Agregó que en un resumen del reporte policial se puede apreciar que del sospechoso se incautaron 7 talonarios para jugadas de la quiniela sin membrete de TDP, 292 hojas sueltas de jugadas de la quiniela y dinero en efectivo, de G. 3.270.000 en billetes de diferente denominaciones. El procedimiento se realizó en Luque y estuvo a cargo del fiscal Augusto Ledesma Blasser.
Por otra parte, también hay denuncias de varios trabajadores que expresan que son obligados a firmar contrato con condiciones que no les favorece, que son obligados a reponer la recaudación en caso de asalto y el valor de la máquina para levantar las apuestas y que la misma, presenta inconvenientes en su operación para anular las apuestas (ver vídeo) entre otros temas. Sobre esta denuncia en particular se intentó en varias oportunidades obtener respuesta de la empresa a través de su gerente Gloria Rodríguez, pero no fue posible contar con la respuesta oficial.