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La concesionaria de la quiniela, Technologies Development of Paraguay SA (TDP), cuyo directivo hoy procesado, Álvaro Wasmosy Carrasco (hijo del ex presidente Juan Carlos Wasmosy) emitió un comunicado en el que asegura que Tributación pretende cobrar un impuesto luego de su derogación, cuando no lo reclamó durante su vigencia, ya que durante la concesión anterior, “no existió un solo reclamo a TDP SA por parte de la Administración Tributaria”.
Se trata del impuesto establecido en la Ley N° 431/ 73, modificada en 2010, que dispone una retención del 10% de sus ganancias que debe destinarse a los excombatientes de la Guerra del Chaco, y que TDP alega que nunca fue reglamentada. Consultado al respecto, el viceministro de Tributación Óscar Orué respondió que la Conajzar era la responsable del control del pago, y por ende, la responsable del reclamo correspondiente.
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Recordó que cuando Benigno López era ministro de Hacienda, solicitó a la SET que verifique y en esta investigación, se confirmó que TDP nunca abonó esa retención destinada para los veteranos de la Guerra del Chaco. “Además, la propia empresa accionó a la Corte para no pagar y perdió. Más claro, agua”, afirmó a ABC.
Al respecto, el abogado de la firma, José Fernández Zacur, respondió que “respeta las declaraciones del viceministro Orué, pero que hasta el momento no existe una sentencia firme y ejecutoriada, y que aún se encuentra en litigio”.
Al respecto, la especialista tributaria Lilian Torres afirmó que existe una cuestión rara entre Hacienda y TDP, como un juego de “arco libre”, porque la responsabilidad es compartida. Por un lado, a una le corresponde el cobro y por el otro, el reclamo para el pago, porque está establecido por ley y su obligación es cumplirlo, precisó.
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Cabe recordar que José Ortiz es el representante del Ministerio de Hacienda y designado en el cargo por decreto presidencial, al igual que los demás integrantes. Los miembros son Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben); Ricardo Núñez Giménez, representante de municipios; Rubén Rousillón Blaires, de Gobernaciones, y Omar Mongelós González, del Ministerio del Interior, todos imputados.
La investigación
Las autoridades de Conajzar se encuentran procesadas por irregularidades en gestión de la “regularización” de tragamonedas, la quiniela, y reducción del canon en pandemia. Por estos últimos fueron implicados Raúl Mariano Silva Busto, exintegrante, y Sergio Coscia, exprocurador.
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El próximo 19 y 20 de enero, será la audiencia de imposición de medidas ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú. La fiscala María Estefanía González solicitó medidas alternativas a prisión.
Por otra parte, el abogado Andrés Casati pidió intervención como defensor Ortiz y Alonso, mientras que Arturo Daniel y Rodrigo Yódice también lo hicieron como defensores de Silva.
