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Los senadores del FG, Jorge Querey y Esperanza Martínez, acompañados por el asesor jurídico de la presidencia del Senado, Emilio Camacho, acudieron hoy al Ministerio Público. Fue para entregar más documentos e informes en relación a las presuntas irregularidades cometidas por parte de las autoridades de la Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Los parlamentarios, parte del bloque que hizo esta denuncia meses atrás, cuestionan que los mismos continúan aún en sus cargos.
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Los legisladores buscan así ampliar las pruebas en la investigación a cargo de la fiscala María Estefanía González, quien imputó por posibles irregularidades en gestiones de juegos de azar a los integrantes de Conajzar, incluido su titular José Ortiz Báez; Carmen Alonso, Ricardo Núñez (hermano del líder de la bancada cartista en Diputados, Basilio “Bachi” Núñez), Omar Mongelós; el gobernador del Departamento de Presidentes Hayes Rubén Rousillón (ANR, oficialista); Raúl Silva, ex integrante; además a Álvaro Wasmosy, dueño de TDP y concesionaria de la quiniela, y al exprocurador Sergio Coscia. En tanto que los responsables de la “reguladora” de tragamonedas no fueron imputados.
El senador Querey manifestó que los documentos acercados corresponden a todos los pedidos de informes de instituciones de control así como las transcripciones de las audiencias públicas realizadas sobre el tema. Dijo que en dichas reuniones la propia SET revela que la firma TDP actuaba ilegalmente al no abonar los cánones correspondientes.
Subrayó que la Conajzar avaló excluir obligaciones y el incumplimiento de contratos. Así también, denunció que el ente emitió resoluciones ilegales para beneficiar a una empresa en desmedro de los sectores y fondos financiados por los cánones, entre ellos los excombatientes y sus familiares.
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Subrayó además que debe haber “un esfuerzo” por limpiar las instituciones estatales “ya que bandidos y bandiditos siempre va a haber, pero deben haber instituciones que investiguen y controlen”.
Por su parte la senadora Martínez pidió al Poder Ejecutivo intervenir la Conajzar. Dijo que corresponde que los directivos del ente renuncien pero siguen campantes en sus cargos.
“Si yo soy imputada en un ente público, al día siguiente pongo a disposición mi cargo”, aseveró.
A su turno, Emilio recalcó que la quiniela fue otorgada a una empresa morosa y violando la ley. Agregó que la adjudicación de las tragamonedas se hizo en forma directa y autorizando su uso en lugares prohibidos donde hay niños.
La firma TDP, a través de sus voceros, niega que exista deuda con Tributación. Además argumenta que al momento de la adjudicación fueron presentadas todas las documentaciones exigidas.