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El recurso planteado por Gilda Bordón, dueña BRS “Bordón Roux & Serrati Asociados”, señala que la investigación carece de objetividad. También cuestionó el allanamiento realizado a su estudio jurídico y a su domicilio y asegura que dicho procedimiento fue sin fundamento. Sin embargo, en estos lugares fueron incautados varios elementos relacionados al caso de la familia Sopeña.
La recusación también dice que distintos periodistas de varios medios de comunicación ingresaron a las instalaciones allanadas con previa autorización de los fiscales Ledesma, Galeano y Ledesma Blasser “al punto que convirtieron a los periodistas prácticamente en sus funcionarios fiscales”. Los periodistas permanecieron en todo momento en la vía pública.
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Bordón también dice que varios de los elementos incautados no guardan relación con la causa investigada. Además afirma que los intervinientes “dejaron destrozados” los lugares allanados. Incluso indica que la situación fue “montada”.
Además de estos puntos, también fueron planteadas otras controversias pero todas fueron rechazadas por la Fiscalía General y los agentes fueron confirmados en el caso.
“Seguiremos con la investigación. Hasta ahora tenemos varios elementos relacionados al caso que están siendo analizados. Hay mucha gente involucrada en el caso y el pedido de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez es la seguir hasta el final, caiga quién caiga, y hasta llegar a los verdaderos culpables”, señaló la agente Sandra Ledesma.
La presunción del Ministerio Público, según explicó la fiscal Ledesma es que el estudio jurídico de Gilda y asociados, habría sido el responsable del supuesto juicio que en verdad nunca existió en el Juzgado de Paz de la Catedral de Asunción, que como resultado fue ordenar el despojo del inmueble de casi cinco hectáreas a la familia Sopeña, hecho que tuvo lugar el 1 de diciembre.
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Los intervinientes encontraron, durante el allanamiento en el estudio jurídico, talonarios de cheques que decían “regalías para el Juzgado de Paz de la Catedral”.
“También encontramos una agenda en la oficina de Gilda donde escribe a mano Formasa SA (empresa de la familia Sopeña) y dibuja cómo va a realizar la transferencia. Todo con flechitas”, afirmó la agente fiscal.
El primer imputado en la causa es el oficial de justicia Jorge Alberto Thompson Zarza, quien con un mandamiento de desalojo falso, despojó a los Sopeña de su propiedad.