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La representante del Ministerio Público (MP), María Estefanía González, realizó dos allanamientos en simultáneo en busca de evidencias vinculadas con la investigación de la gestión de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), con el apoyo del fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos. Uno de los operativos fue en la sede de la citada oficina estatal y la otra, en la dirección declarada de la concesionaria de la quiniela, Technologies Developmet of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy.
En este último sitio no encontraron los documentos que buscaban, ya que, según precisó la fiscala, la dirección declarada por la defensa y Conajzar no corresponde, ya que resultó ser una antigua oficina. En cuanto al procedimiento realizado en sede de la reguladora de juegos de azar, se incautó de varios documentos e incluso de equipos informáticos, conforme se pudo apreciar al momento que culminaba las diligencias en el lugar.
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La investigación
La fiscala González manifestó ante la prensa que buscaba documentos relacionados a la adjudicación de la quiniela a la firma TDP SA, la “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos y la reducción del canon a concesionarias durante la pandemia. Al respecto, indicó que reportes de Tributación sostienen que la firma de Wasmosy era morosa del fisco en el momento de beneficiarse con la quiniela, un negocio de US$ 127 millones. “La Conajzar tiene la obligación de verificar que se cumplan con todos los criterios para otorgar la concesión, además debe controlar el destino de los premios no entregados”, explicó.
Con relación a las máquinas tragamonedas, la agente dijo que Conajzar concedió a la firma iCrop SA la legalización del uso de las mismas en comercios prohibidos a pesar de que la ley establece que son los municipios los responsables de controlar su explotación sitios exclusivos de juegos de azar. El representante legal de esta compañía es Humberto Acuña y las accionistas son Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu.
La agente recalcó que la instalación de las máquinas está prohibida en sitios de libre concurrencia y en la vía pública, porque se induce a que niños y adolescentes las utilicen, situación que fue denunciada por el Ministerio de la Niñez, dirigida por Teresa Martínez. Requerida si la imputación se extenderá a los responsables de iCrop, respondió que la Conajzar es la única responsable de la firma del contrato, que se trató de una propuesta de la compañía y que el Estado lo aprobó. “Hasta el momento no existen elementos y no se descarta ampliar imputaciones durante el desarrollo de la investigación”, afirmó.
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En cuanto a la reducción del canon, la fiscala mencionó que la Conajzar no tiene la facultad legal para disminuir el monto del canon, medida que fue avalada por el titular de la Procuraduría General del Estado (PGR), entonces a cargo de Sergio Coscia, imputado por ese motivo. La decisión implicó que el Estado dejó de percibir casi G. 32.000 millones.
Los procesados
El total de imputados son ocho personas, que además de Coscia, son todos los integrantes de Conajzar: José Antonio Ortiz Báez, Carmen Corina Alonso, Omar Mongelós González, Ricardo Núñez Giménez y Rubén Rousillón Blaires. También Álvaro Wasmosy, el hijo del exmandatario y dueño de TDP SA, y Raúl Mariano Silva Busto, miembro de la reguladora al momento de adjudicar la quiniela y que fue a fines del 2019. La audiencia de imposición de medidas será el próximo 19 y 20 de enero.
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La denuncia fue presentada a fines de agosto, por los senadores Esperanza Martínez, Jorge Querey y Enrique Bacchetta, y recién ahora, después de críticas por la inacción fiscal, se plantearon las imputaciones y allanamientos. Cabe recordar que Ortiz fue interpelado a mediados de julio por las mencionadas irregularidades y en setiembre pasado, la Cámara Alta lo salvó del voto censura.
Trasfondo político
El abogado José Fernández Zacur, representante legal de TDP SA, opinó que la firma está en medio de un “fuego cruzado” entre políticos e incluso cuestionó el proceder del Ministerio Público, calificando la imputación como una“ridiculez”.
“La Fiscalía se toma las atribuciones del Poder Ejecutivo para poner en entredicho un proceso licitatorio que ha pasado absolutamente todos los filtros. La adjudicación de la quiniela tiene un decreto del Ejecutivo que se encuentra firme. Los competidores plantearon una demanda ante el Tribunal de Cuentas que la terminaron desistiendo”, sostuvo.
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La fiscala procesó a Wasmosy por ser morosa del fisco al momento de presentarse y beneficiarse con la adjudicación del juego de azar, basada en reportes de la Subsecretaría de Tributación del Estado (SET), dirigida por Óscar Orué.
