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La Dirección de Asesoría del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) dictaminó ayer en contra del pedido de revocación de la Resolución 2279/2020 que otorga licencia ambiental para la urbanización en la Fracción II - San Bernardino del empresa Christian Domínguez en la compañía Ciervo Cua de dicha ciudad.
El pedido fue realizado hace dos semanas por la Comisión Nacional de Manejo y Gestión del Lago Ypacaraí y su cuenca (Conalaypa), la Municipalidad de la villa veraniega, la Gobernación de Cordillera y la Comisión de Energía y Recursos Naturales, debido a que afecta un sector de humedales que protegen al lago Ypacaraí.
En la nota de pedido mencionan que las obras de relleno de los humedales violan lo estipulado en la Ley Nº 5256 “De Área Silvestre Protegida”. También que colisiona contra la Ley Nº 5256 vigente desde el año 2014 y que “Declara como área silvestre protegida en dominio público y privado con la categoría de manejo reserva de recursos manejados al lago Ypacaraí y el sistema de humedales adyacentes”.
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Específicamente, en su artículo 6, la ley indica que por un periodo de 10 años o hasta que el cuerpo del agua quede recuperado, queda prohibida toda actividad de cambio de uso de suelo del sistema de humedales que acompañan al lago, según el alegato. También, la Ley 5256/14 en su artículo 6 prohíbe todo tipo de actividades de cambio de uso de suelo en los humedales del lago Ypacaraí y otros adyacentes.
Sin embargo, pese a mencionar como antecedentes las citadas leyes y otras normativas que protegen los recursos hídricos, la vida silvestre y su hábitat, el dictamen de la Dirección Jurídica del Mades, habilita a la firma a seguir alternando el ecosistema en la zona. De hecho, obreros, camiones tumba y tractores trabajaban ayer en lo que llaman “Proyecto regularización y equiparación de terreno”, que no es más que el secado de los humedales para generar tierra firme para el plan inmobiliario”.
Desde el punto de vista jurídico y técnico emitido por las direcciones temáticas del Mades no hay elementos que fundamenten la solicitud de suspensión de la Declaración de Impacto Ambiental DGCCARC N° 138/2016 y la Resolución DGCCARC A. A. N° 2279/2020, por los fundamentos expuestos en el presente dictamen.
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“Es fundamental tener en cuenta el Acuerdo y Sentencia N° 37 de fecha 21 de enero de 2021, emanado de la Corte Suprema de Justicia a favor del Sr. Carl Tomas Gwynn”, indica el documento firmado por la directora de Asesoría Jurídica del Mades, abogada María Laura Bobadilla.
Tres ministros de la Corte avalan las obras
El Plan de Manejo para el “Proyecto regularización y equiparación de terreno” fue aprobado en el año 2015 por la Intendencia municipal de San Bernardino durante la gestión de Ramón “Tati” Zubizarreta (PLRA). El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue otorgado en 2016 por el Mades y renovado en el 2020. El sucesor de Zubizarreta, Luis Aguilar (PLRA), revocó el permiso, pero los dueños del inmueble recurrieron a la Justicia y fueron favorecidos por los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera.