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La audiencia de revisión de medidas se realizó de forma telemática en la mañana de este miércoles de la cual Alcibiades Ledesma (68) participó desde su lugar de reclusión, la penitenciaría de Emboscada Padre Antonio de la Vega.
La fiscala Carolina Spezzini se opuso a la concesión de libertad ambulatoria al igual que la querella adhesiva representada por el Abog. Oscar Valdez, por el antecedente de que estuvo prófugo de la justicia por más de 20 años.
La Fiscalía sí estuvo de acuerdo en la audiencia que se haga los estudios de todas las afecciones que tiene tal como recomendó el médico forense del Ministerio Público, pero en la penitenciaría.
El juez penal de sentencia Darío Báez asimismo dispuso que Ledesma sea tratado médicamente desde su lugar de reclusión, pero negó la libertad ambulatoria porque se sustrajo a los mandatos de la justicia, y el peligro de fuga sigue latente. El magistrado también indicó que el condenado no ofreció caución real como para siquiera intentar obtener la libertad ambulatoria.
A finales de diciembre del año pasado, Ledesma ya había solicitado la revisión de su prisión preventiva, pero la jueza de sentencia Nilda Giménez Bogarín rechazó la pretensión del condenado. Justamente, uno de los argumentos fue que estaba latente el peligro de fuga ya que por más de 20 años estuvo prófugo de la justicia.
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Ledesma fue capturado el 7 de diciembre de 2021 en la ciudad de Ñemby, cuando salía de una farmacia. En su poder se encontró una cédula de identidad que pertenece a Mario Senen Vera Cantero, que presumiblemente utilizaba para eludir los controles de la Policía.
Ledesma fue condenado a 10 años de prisión junto a otras 24 personas por lesión de confianza, al probarse en juicio que vaciaron el BNT a través de créditos fraudulentos, disfrazados como préstamos sociales. En el caso de Ledesma, se le atribuye haber concedido créditos de forma irregular para el emprendimiento Coomecipar II.
El perjuicio causado al BNT fue cuantificado en juicio oral en unos G. 120.000 millones.
Ledesma tiene pendiente la tramitación de su recurso extraordinario de casación en la Corte desde hace 11 años, justamente suspendido porque se encontraba prófugo de la justicia por más de 20 años.
La Sala Penal aún no reanudó los trámites de su casación.