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Nuestro compañero de tareas recurrió judicialmente luego de que el ente de control rechazara un pedido de acceso a la información en el que solicitó la liberación de las declaraciones juradas de bienes y renta presentadas por los funcionarios públicos entre junio de 2020 y este año.
El ente de control señaló en su negativa que existe una prohibición establecida en la Ley 6355, que fue aprobada por diputados cartistas y abdistas que buscaron establecer más trabas para el acceso a estos documentos y pusieron como requisito la necesidad de que exista una sentencia judicial para cada caso.
Ante esta negativa, Lezcano acudió bajo patrocinio de los abogados Ezequiel Santagada, Federico Legal y Ariel San Martín, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), a estrados judiciales.
“No se puede dejar de ponderar el contexto del hecho histórico de que la Corte Suprema de Justicia en Pleno mediante Acuerdo y Sentencia 111 del 11 de junio de 2020 resolvió, con voto sobradamente mayoritario, que las declaraciones juradas de funcionarios del Estado paraguayo son, en esencia, información pública, aunque existan datos que deban ser reservados”, señalan los abogados del comunicador en el escrito presentado ayer.
“La decisión judicial antedicha marcó un nuevo hito en el ordenamiento jurídico paraguayo y, pese a que en nuestro sistema judicial no se reconozca el “precedente obligatorio”, propio del sistema judicial anglosajón, no es menos cierto que esta clase de decisiones judiciales marcan el norte de la interpretación judicial e incluso”, agregan.
Tras la presentación del escrito, se realizó el sorteo del juez que deberá intervenir en la causa y cayó en manos de José Agustín Delmás, juez especializado en Delitos Económicos.