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El jefe de Estado promulgó la Ley N° 6884 por el cual extiende por un año más la vigencia de la declaración de emergencia penitenciaria en todo el país iniciada en setiembre del 2019. La Ley Nº 6365, del 7 de setiembre del 2019, ya fue ampliada en el 2020 y 2021 y ahora va por un año más (2022) con la promulgación de la Ley Nº 6848, con fecha del 30 de diciembre pasado. La normativa fue aprobada el 7 de diciembre pasado por la Cámara de Diputados y sancionado por el Senado el 16 de diciembre último.
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En el artículo 3 de la normativa refiere que el plan de seguridad penitenciaria con las Fuerzas Públicas tendrá por objetivo coordinar las acciones conjuntas del cuerpo de seguridad penitenciara del Ministerio de Justicia con los efectos correspondientes de las Fuerzas Públicas (FF.AA. y la Policía Nacional), en vigilancia y seguridad de los centros penitenciarios. Con esa finalidad, los objetivos específicos serán:
a) Fortalecer la seguridad perimetral e interna de los centros penitenciarios, con el concurso apropiado de las Fuerzas Públicas. b) Fortalecer la inteligencia penitenciaria, con el concurso de las áreas de inteligencias de las Fuerzas Públicas. c) Mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir los riesgos de fuga u otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios.
Las tareas de inteligencia penitenciaria llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia (MJ) en coordinación con la Policía Nacional (PN) y en ocasiones con las Fuerzas Armadas (FF.AA.), cumplieron este año un importante papel para evitar numerosas fugas de los penales del país, en su mayoría planificados por miembros del PCC, según el ente estatal. Las informaciones obtenidas, debidamente contrastadas, permitieron la toma de medidas inmediatas por parte de las autoridades y se frustraron al menos ocho tentativas, incluida la de esta mañana, en Villarrica, informaron en su momento desde el Ministerio de Justicia.