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Los contratistas Óscar Morel Oses, ingeniero civil, y José Félix Grau Fernández, dueño de “Grau Constructora”, además del gobernador de Central, Hugo Javier González y otras 12 personas, fueron imputadas el 1 de noviembre de 2021, por los supuestos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por el aparente mal uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo covid que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre de 2020.
En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, facturas de empresas fantasmas, facturas a crédito sin recibo de cancelación, entre otras innumerables anomalías. El caso es investigado por el Ministerio Público desde julio del año pasado luego de que la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría Nacional de Tributación (SET) denunciaran el hecho.
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Segundo millón de dólares para imputados
A mediados del año pasado, a pesar del escándalo, el Ejecutivo volvió a otorgar otro millón de dólares (G. 6.382 millones) a la institución departamental, también del fondo covid.
El contratista José Félix Grau Fernández recibió G. 1.076 millones, según el detalle de la Orden de Pago (OP) Nº 3461 del 18 de octubre de 2021, de acuerdo a los documentos digitales que obran en el portal de la Contraloría General de la República (CGR) en la sección de rendición de cuentas.
Óscar Morel Oses recibió G. 922 millones de la segunda transferencia del Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia del covid-19. La OP Nº 3460 también del 18 de octubre de 2021 dice que la plata es “anticipo por obra de empedrado en distritos del departamento Central, según contrato Nº 16/2021 del 5 de octubre de 2021″.
Pero Morel Oses recibió un segundo pago de la administración de Hugo Javier el pasado 23 de diciembre a través de un cheque de G. 348 millones. En total para el ingeniero civil Óscar Morel Oses se desembolsó hasta el momento la suma de G. 1.273 millones. El contrato entre la Gobernación de Central y el contratista imputado es por G. 4.614 millones.
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Óscar Morel Oses, ingeniero civil, y José Félix Grau Fernández, dueño de “Grau Constructora”, recibieron los primeros recursos a través del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por el también procesado Tadeo Álvarez. Ambos aparecen como los constructores de obras de uso público, como empedrados y asfaltados.
En este contexto, la Fiscalía destacó en su acta de imputación que unos G. 5.105 millones, parte del primer millón de dólares que fueron entregados a la oenegé CIAP, fueron destinados también para obras de uso público, fin que no guarda relación con la emergencia sanitaria por covid-19.
El Ministerio Público también sostiene que los imputados Félix Grau y Óscar Morel Oses habrían “acomodado sus facturas para que estas pudieran ser utilizadas en las rendiciones de cuenta y presumiblemente no reflejarían la realidad”.
En el acta consta además que Grau y Morel, presuntamente habrían reemplazado con sus facturas otros comprobantes, en una segunda rendición de cuentas tras el escándalo que tomó estado público en junio del año pasado.