Cargando...
El pasado 1 de diciembre, el oficial de justicia Jorge Thompson se presentó, custodiado por policías, en la propiedad de casi cinco hectáreas de la familia Sopeña ubicada sobre la calle Leonismo Luqueño del Cuarto Barrio de Luque, con un mandamiento de desalojo aparentemente falso mediante el cual despojó a los propietarios del inmueble.
Thompson aseguró entonces que una mujer de nombre Ema Nilza Turo Martínez era la nueva propietaria de la propiedad.
Aseguró que en el Juzgado de Paz de la Catedral se llevó a cabo un juicio entre la firma Formasa S.A. de la familia Sopeña y Turo Martínez. Sin embargo, tras un allanamiento de la Fiscalía se constató que ese juicio nunca se realizó, y el expediente judicial no existe.
Sin embargo, la transferencia del inmueble de la familia Sopeña se habría materializado en agosto a favor de Turo Martínez, funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral con orden de captura.
Lea más: Caso familia Sopeña: Fiscalía confirma que expediente y juicio de desalojo nunca existieron
Ema Turo supuestamente fue quien impulsó el desalojo y contrató para el efecto al oficial de justicia Thompson, quien fue imputado por los presuntos hechos de declaración falsa y producción y uso de documentos no auténticos.
Escribano sería cómplice
Informantes de ABC Color aseguran que detrás del caso hay una red de falsificadores de documentos integrada por actuarios, abogados, jueces, escribanos, oficiales de justicia y hasta funcionarios del Poder Judicial o el Registro Público.
Esa supuesta organización produce documentos auténticos de contenido falso que posteriormente son utilizados en juicios ficticios apropiar inmuebles que inmediatamente son transferidos a nombre de “un comprador de buena fe”.
Se señala como supuesto integrante del esquema al escribano Gustavo Adolfo Valdovinos, quien supuestamente realizó la transferencia de la propiedad de los Sopeña a Turo Martínez.
Según fuentes, el único documento presentado para la gestión fue un comprobante de pago de impuesto inmobiliario al día del inmueble. La familia Sopeña adeudaba en el Municipio de Luque más de 100 millones de guaraníes en concepto de impuestos inmobiliarios hasta 2018.
Además, Turo Martínez habría sido quien solicitó en el Juzgado de Paz de la Catedral una obligación de hacer la escritura pública por el irrisorio monto de 15 millones de guaraníes.
El valor estimado actual del terreno es de cuatro millones de dólares.
Efectivamente, la transferencia judicial fue otorgada por el Juzgado de Paz de la Catedral en enero de 2020. El documento donde está plasmada la firma de la jueza Fátima Vera de López, fallecida en mayo de 2021, sería adulterado.
En otros documentos también aparece la firma de la jueza Natalia Garcete, quien fue interina en el Juzgado de Paz tras el fallecimiento de Vera de López.
La jueza Garcete, luego de tener conocimiento sobre la investigación en la que se ve involucrada, se acercó hasta el Ministerio Público para deslindar todo tipo de responsabilidad y aseguró que ella no firmó ningún documento.
El escribano Adolfo Valdovinos no tuvo en cuenta que la resolución judicial de febrero de 2020 por la cual se ordenó la escritura, no figuraba en la estadística civil del Poder Judicial, pero aun así el terreno fue inscripto en el Registro de la Propiedad.
Llamamos al escribano Valdovinos para conocer su versión, pero nadie atendió la llamada. También intentamos sin éxito contactar con Turo Martínez.
Lea más: Exabogada de la familia Sopeña, involucrada en juicio ficticio y posterior ilegal desalojo
Elementos incautados
Fueron allanadas la vivienda de una actuaria judicial de nombre Mouriel Vera, además de la residencia de la jueza fallecida Fátima Vera, tía de la actuaria; el estudio jurídico BRS “Bordón Roux & Serrati Asociados” de Gilda Bordón, el domicilio de Bordón, el Juzgado de Paz de la Catedral, la casa de Ema Nilza Turo Martínez y finalmente la vivienda de otra actuaria de nombre Elvira Bordón.
En varios de los procedimientos fueron incautados documentos, teléfonos celulares, un cuaderno en la casa de la magistrada Vera de López en el cual aparentemente se practicaba falsificar su firma, talonarios de cheques relacionados al inmueble de la familia Sopeña y otros elementos.
Recusación de fiscales
Personas que no forman parte del proceso recusaron a los fiscales que investigan el caso - Sandra Ledesma, Sophia Galeano, Augusto Ledesma Blasser y Silvio Alegre - para seguir dilatando la investigación.