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En diciembre de 2020, el Ejecutivo entregó a la Gobernación de Central G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia por covid-19 para la reactivación económica del XI departamento. Pero el ahora imputado gobernador Hugo Javier González, cartista, repartió el dinero a la ONG Centro integral de Apoyo Profesional (CIAP) la suma de G. 5.105 millones y al Consejo Regional de Salud (CRS) otros G. 1.276 millones.
La normativa establece que la rendición de cuentas sobre la ejecución del fondo covid-19 sea bimestral. El gobernador Hugo Javier no cumplió con este requisito, entonces la CGR notificó a González en mayo del año pasado sobre el inicio de la auditoría in situ y se pudo constatar una serie de irregularidades cometidas por el administrador departamental cartista.
En octubre de 2021, la CGR remitió a Hugo Javier el informe preliminar de auditoría con 15 observaciones para descargo. El documento fue contestado y luego el director de Rendición de Cuentas de la Contraloría, Emilio Ferreira, dijo que el informe final estaría en unos 20 días aproximadamente. Sin embargo, pasaron tres meses y hasta la fecha el informe final de la auditoría sobre la ejecución del millón de dólares aún no está disponible.
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“Estamos en la misma situación que la última vez, aguardando. El informe está terminado y hay una cuestión jurídica del que dependemos para sacar”, contestó Emilio Ferreira, director de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, al ser consultado sobre el atraso.
Aparecieron facturas clonadas
La Contraloría alertó en mayo de 2020 a la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y a Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) sobre la falta de rendición de cuentas de nueve Gobernaciones sobre la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones).
Entre las mismas apareció la administración de Hugo Javier. Al principio, aparentemente, se trataba de una falta administrativa, pero luego la Senac, AGPE y la Subsecretaría General de Estado de Tributación (SET) constataron una serie de irregularidades en la rendición de cuentas del gobernador de Central, como la emisión de facturas clonadas, facturas de empresas fantasmas, facturas a crédito que no fueron canceladas, pero aparecen como pagadas, reemplazo de facturas, entre otras muchas anomalías.
Curiosamente, en el informe preliminar de la CGR el equipo auditor no menciona los casos de facturas clonadas, falsificaciones que fueron confirmadas por los propios propietarios de las empresas afectadas, además de otras irregularidades.
15 personas imputadas y sin informe final
El 8 de julio del año pasado, la Senac y la SET denunciaron ante la Fiscalía de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas, y frustración de la persecución y ejecución penal.
Actualmente, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia investigan los presuntos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Los agentes imputaron por estos cargos al gobernador Hugo Javier González, y a otras 14 personas, entre quienes también está el presidente de CIAP, Tadeo Álvarez.