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Luego de una cadena de inhibiciones de los jueces de sentencia Especializados en Delitos Económicos se realizó el sorteo y el juez Héctor Capurro fue designado como miembro titular del Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juicio oral y público a los exministros de la Corte Suprema de Justicia Víctor Núñez y Sindulfo Blanco.
Los demás miembros titulares del tribunal que debe juzgar la causa por presunto prevaricato son la jueza Yolanda Portillo y el magistrado Elio Ovelar; mientras que como suplente fue designada la jueza Blanca Gorostiaga. Una vez que quede firme la integración se podrá fijar fecha para el inicio del juicio oral y público.
Blanco y Núñez fueron denunciados en diciembre de 2014 por parte del ciudadano Peter David Kennedy, por supuestamente haber admitido ilegalmente un recurso de casación en contra de una sentencia de segunda instancia, por la que se anuló un juicio oral y público por un caso de apropiación.
En noviembre de 2018, el entonces juez de garantías Miguel Tadeo Fernández admitió la imputación presentada en el 2016 y procesó a los exministros de la máxima instancia judicial por supuesto prevaricato, hecho que tiene una pena de entre 2 y 5 años de cárcel, y hasta 10 años de condena, si se trata de un caso grave.
Ante el inminente juicio político por mal desempeño de funciones, Núñez había renunciado a la Corte en diciembre de 2014; mientras que Blanco, a 22 días de su jubilación por cumplir 75 años de edad, fue removido del cargo por medio de un juicio político en noviembre de 2018.
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Tras las diversas chicanas planteadas por las defensas, recién en agosto de 2020 el juez Yoan Paul López pudo llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas y dictó la libertad ambulatoria de ambos acusados, bajo una fianza personal de G. 100 millones por cada uno.
Luego de varias suspensiones en marzo del año pasado finalmente se pudo sustanciar la audiencia preliminar. Las defensas solicitaron el sobreseimiento definitivo alegando que no se configuró el hecho punible acusado, pero el Juzgado de Garantías de la causa rechazó la solicitud y elevó la causa a juicio oral.
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La decisión fue apelada y en mayo de 2021 el Tribunal de Apelación en lo Penal, 3ª Sala, integrada por los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Arnulfo Arias, declaró inadmisible los recursos planteados y ratificó la elevación a juicio oral de la causa que los exmiembros del máximo tribunal enfrentan por supuesto prevaricato.