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Usuarios de la aguatera del barrio Rincón de Ñemby mantienen un litigio judicial con las autoridades de la Junta de Saneamiento y aseguran que la entidad es manejada por un clan familiar y que no se llama a asamblea desde el 2014.
“La familia de Alfredo Ferreira maneja la Junta de Saneamiento a su antojo y desde el 2015 venimos luchando ante los estrados judiciales para sacar a esta gente que se adueña de la aguatera y nada se sabe de las recaudaciones, porque se tienen deudas millonarias con la ANDE y otras entidades”, expresó el usuario y socio fundador de la entidad Bernabé Vallejos.
Agregó que ante las denuncias realizadas ante el Ministerio de Salud y la justicia se realizó una asamblea el 3 de enero de 2021 en donde se nombra como presidente a Julio César López, que sería hermano del yerno de Ferreira y a la hija de este, Romina Ferreira, como tesorera.
“Cuando se vieron acorralados fraguaron una asamblea en enero del año pasado, porque no se convocó a todos los usuarios, se eligieron entre ellos, y llevaron al hermano del yerno de Alfredo Ferreira como presidente y a la hija, Romina Ferreira, como tesorera”, expresó Vallejos.
Denunció que el servicio es pésimo y que existen deudas millonarias con la Administración Nacional de Electricidad y exigen la intervención inmediata de la entidad de servicio. Ya en el 2015 el Ministerio de Salud ordenó la intervención, pero no se realiza por las diversas acciones jurídicas interpuestas por las partes.
“La Corte Suprema ya dio vía libre para la intervención, pero el Ministerio no cumple y permite que una familia maneje la aguatera, que con tanto sacrificio se ha construido para proveer de agua potable a la población”, se quejó Vallejos.
Negó acusaciones
Por su lado, Julio César López asegura que es el legítimo presidente de la entidad y negó que su hermano sea yerno del titular anterior, y en cuanto a las deudas por consumo de energía, indicó que solo existen retrasos en el pago.
Sin embargo, reconoció que la hija del cuestionado expresidente, Alfredo Ferreira, Romina Ferreira es la actual tesorera de la entidad.
“No existe ninguna orden de intervención de parte del Ministerio de Salud, el tema de la junta está judicializado y solo son usuarios morosos los que cuestionan a la entidad, y la asamblea realizada fue legal y solo fueron convocados los usuarios que estaban al día”, expresó López.
Dijo que la aguatera cuenta con 2.900 usuarios y de los cuales solo 1.000 están al día. La mayoría se niega a pagar por el servicio por la falta de transparencia, según la denuncia. La tarifa mínima es de G. 26.000.