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El juez de Garantías Mirko Valinotti suspendió la audiencia de imposición de medidas para la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón y el anestesista Adrián Cayetano García Servín, debido a que ninguno de ellos se presentó para las diligencias y sus defensas fundamentaron la inasistencia con certificados médicos de reposo.
Atendiendo los documentos presentados por las defensas, el magistrado ordenó la constitución de un médico forense del Poder Judicial en las viviendas de los procesados, a fin de constatar el estado de salud de ambos e informar si efectivamente están imposibilitados de comparecer ante el Juzgado de Garantías para la diligencia.
Según la certificado de reposo firmado por la Dra. Pamela Figueredo y presentado por el abogado Luis Vergara, la odontóloga procesada por homicidio culposo por la muerte de la niña de 9 años Thirza Belén Portillo se encuentra con tratamiento psiquiátrico desde el 15 de noviembre pasado, tres días después del hecho punible investigado.
El documento resalta que Obertino Leguizamón está “en constantes tratamientos psiquiátricos, llevando también a realizar la suspensión de la audiencia de declaración indagatoria en el Ministerio Público”. Agrega que la profesional tiene reposo desde ayer (29 de diciembre) hasta el 3 de enero próximo.
Respecto a Adrián Cayetano García el certificado médico firmado por el Dr. Silvio Orué señala que el procesado sufre de un cuadro de gastroenteritis aguda, razón por la que está de reposo también desde ayer y por tres días.
Una vez que tenga el informe del médico forense que evaluará a ambos procesados el juez Mirko Valinotti definirá una nueva fecha para sustanciar la audiencia y resolver si hace lugar al pedido del fiscal Aldo Cantero y ordena la prisión preventiva de los profesionales.
Imputación sería ampliada la próxima semana
La odontóloga Sandra Obertino Leguizamón y el anestesista Adrián Cayetano García fueron imputados por el fiscal Aldo Cantero por homicidio doloso y por comercialización de medicamentos no autorizados.
El agente del Ministerio Público anunció que la imputación podría ser ampliada, por estafa en el caso de la odontóloga y por “planillerismo” en el caso del anestesista, quien es funcionario del Instituto de Previsión Social y al momento de la presunta mala praxis que derivó en la muerte de la niña de 9 años debía estar trabajando en la previsional, pero se encontraban en la clínica privada.
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La causa penal se inició en torno a un hecho ocurrido el pasado 12 de noviembre de este año, en la clínica odontológica “Mommy Dent”, situada en Loma Pytã, Asunción, que no estaba habilitada por el Ministerio de Salud Pública, para su funcionamiento.
A las 7:30 del 12 de noviembre llegó la niña de 9 años, acompañada de sus padres, a la clínica para ser sometida a un tratamiento de conducto que le realizaría Obertino Leguizamón. La pequeña tuvo dos consultas anteriormente, el 15 y el 20 de octubre, respectivamente.
Por el tratamiento, la madre abonó la suma de G. 3.350.000 a la odontóloga, quien estuvo a cargo del procedimiento dental. También participaron el anestesista, quien puso a dormir a la niña administrándole sedantes y anestesia.
Sin embargo, tras culminar el tratamiento la menor de edad ya no habría despertado, produciéndose su muerte por un paro cardiorrespiratorio secundario a un shock anafiláctico, a las 11:00, según la imputación fiscal.
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Al día siguiente del hecho, una comitiva fiscal y policial allanó la clínica, donde de uno de los basureros se levantó una ampolla vacía y otra rota de la marca “Quinfa”, con la inscripción “Fornitil” y de uso exclusivo del Instituto de Previsión Social, que presumiblemente fueron usados por los profesionales.
La madre en su declaración testimonial señaló que encontró a la doctora Sandra Obertino a través de la red social Facebook.