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Antecedentes
El 8 de julio de 2021 la fiscala Stella Mary Cano de Woitas imputó a Francisco Grinó Guillén, presidente en ejercicio de la firma T&C por los hechos punibles de apropiación, declaración falsa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en tanto que al Ing. Pedro Agustín Ferreira por los delitos de producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento de contenido falso.
La firma Ingeniería de Topografía & Caminos SA (T&C SA) tiene dos grupo de socios, los Griñó (Francisco Griñó Guillén -FGG- y su esposa Gilda Verónica Troche), dueños del 50% de las acciones y los Lesme (Julio Lesme Vaché y su esposa Ana María Brun Zuccolillo), dueños del restante 50%.
El relato de los hechos de la imputación menciona que en la Asamblea General Ordinaria de T&C del 30 de junio de 2020, cuando se sometía cada punto del orden del día a discusión, existía un empate (50% a favor de los Lesme y 50% a favor de los Griñó), entonces, al haber empate, Griñó Guillén utilizaba el doble voto para desempatar a su favor.
Además, con el doble voto de Griñó Guillén aprobó el directorio a su medida y resolvió la emisión de acciones (G. 150.000 millones) y la integración de enormes sumas de dinero para cada accionista para el 30 de agosto, con esto lo que se pretendía era diluir la participación de los Lesme y tener una mayoría amañadamente ilegal, refieren los denunciantes que arrimaron los documentos a ABC, acompañados por los abogados Julio Paoli y Robert Monte Domecq.
La denuncia y posterior imputación refiere que el Grupo Griñó- Troche emitió acciones por G. 150.000.000.000 con el objeto de afrontar nuevos desafíos, todo eso contrariando a lo establecido en el estatuto de la firma T&C, donde Griño Guillén, ya habiendo emitido su voto como accionista tomó la palabra e invocando su calidad de presidente de directorio vuelve a emitir otro voto con el objeto de desempatar la votación, para así aprobar la emisión de acciones para permitir el ingreso a la sociedad de personas jurídicas y físicas del entorno de Griñó, quienes se hicieron presente de forma inmediata con sus respectivos aportes (Puerto Seguro Fluvial, Abog. Raúl Antola – Verónica Griñó, hija de Francisco Griñó), con la intención de despojar de sus legítimos derechos accionarios a la familia Lesme y así quebrar la paridad para tener el control exclusivo de la empresa T&C, según el escrito de la Fiscalía.
La imputación también hace referencia a la sospecha de que la empresa T&C SA se habría apropiado de la suma de G. 2.753.331.874 que le pertenecen a Julio Ramón Lesme Vaché, de lo cual se habría dejado constancia falsa en las declaraciones juradas y balances presentados a la SET.
De igual manera, las utilidades de los ejercicios fiscales de los años 2018, y 2019 correspondientes a la familia Lesme - Brun, que ascenderían a la suma de G. 17.536.865.554, no habrían sido percibidas, por decisión unilateral del denunciado Francisco Griñó Guillén, siempre según el escrito de imputación.
Es así, que según la Fiscalía, Griñó Guillén se habría apropiado de la familia Lesme -Brun más de G. 20.000.000.000, con lo que habría causado un importante perjuicio patrimonial a los denunciantes.
También la imputación menciona como grave irregularidad la supuesta connivencia de Griñó Guillén con el Ing. Pedro Agustín Ferreira en la producción de un certificado de trabajo utilizado para su presentación en el marco de la Licitación Pública Nacional para el dragado de mantenimiento del río Paraguay en el tramo de confluencia con el río Paraná, desembocadura del río Apa, estibaje periodo 2017-2018, en la cual la empresa fue adjudicada por el contrato N° 487/2017 MOPC, con dicho documento de supuesto contenido apócrifo se había certificada que Pedro Ferreira trabajó para la firma T&C durante los años 2017 al 2020 desempeñando el cargo de jefe de obra y encargado de esta firma.
Sin embargo, la certificación del documento de trabajo a favor de Pedro Ferreira en el periodo de tiempo señalado era falso, porque en ese momento se desempeñaba como presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y a la vez, decano de la Facultad de Ingeniería (UNA), por lo que mal podría haber prestado sus servicios a la empresa T&C, por existir incompatibilidad de funciones. El presunto documento de contenido falso se emitió sin conocimiento de los demás accionistas, indican.
La recusación
Posteriormente, los abogados defensores de Griñó Guillén, Tarek Tuma y Alcides Cáceres, recusan a la fiscala Cano de Woitas. La Fiscalía General designó a la fiscala María Estefanía González para proseguir la causa.
Por Auto Interlocutorio N° 597 del 28 de julio de 2021, el juez penal de garantías Rolando Duarte admitió la imputación, concedió medidas alternativas a la prisión y dispuso el plazo de 6 meses para que la Fiscalía presente su requerimiento conclusivo.
Sin embargo, la fiscala Estefanía González, a los 4 meses, por requerimiento N° 56 del 2 de noviembre de 2021, solicitó el sobreseimiento definitivo y abreviación del plazo procesal, sin siquiera haber agotado la investigación y sin siquiera haber diligenciado varias pruebas solicitadas por la querella adhesiva como ser las testificales, pedidos de informes a entes privados y públicos, pericias caligráficas y contables.
La audiencia preliminar para sustanciar el pedido de sobreseimiento definitivo realizado por la fiscala González, está pendiente.
Demanda de rendición de cuentas
Paralelamente al proceso penal, los accionistas Julio Ramón Lesme y su esposa Ana María Brun Zuccolillo, presentaron una demanda por la remoción del administrador, exclusión de socios y rendición de cuenta contra Francisco Griñó Guillén y Pedro Ferreira.
Recurrimos al abogado Alcides Cáceres para escuchar la versión de la defensa, pero el letrado señaló que no podía hacer declaraciones sobre este tema, al existir una cláusula de confidencialidad con su representado.