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“El fallo reafirma precedentes importantes a favor de los periodistas cuando son acosados por funcionarios públicos mediante querellas penales y demandas civiles millonarias y desproporcionadas”, señala un comunicado emitido por la SIP.
En concreto, la organización hace referencia al fallo de la Corte IDH del pasado 24 de noviembre y que se dio a conocer días atrás que declara la “responsabilidad internacional del Estado de Ecuador” por las violaciones a diversos derechos en perjuicio del periodista Emilio Palacio Urrutia, exeditor de Opinión de El Universo de Guayaquil, y contra los propietarios de ese diario, Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga.
En 2011, la Justicia ecuatoriana había condenado a prisión y multado a Palacio y a los tres directivos a pagar US$ 40 millones, por una demanda penal iniciada por Rafael Correa, entonces presidente del país. Correa se sintió agraviado por el artículo “No a las mentiras”, que Palacio publicó el 6 de febrero de 2011, en el que cuestionaba su conducta durante una revuelta policial ocurrida seis meses antes.
Derecho penal no se puede utilizar
La Corte IDH falló que “en el caso de un discurso protegido por su interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario”.
Multas millonarias para acallar denuncias
La Corte IDH también estableció que la sanción penal y, en especial, la sanción económica millonaria, a la que calificó de “desproporcionada”, generó un “chilling effect que inhibió la circulación de ideas, opiniones e información por parte de terceros, constituyendo una afectación al derecho a la libre expresión”. También observó que la sanción económica, equivalente a más del doble del capital social de El Universo, fue una violación al derecho a la propiedad que, de haber sido ejecutada, habría producido “la quiebra del medio de comunicación”.
“Nos complace esta sentencia que reafirma los antecedentes interamericanos a favor de la descriminalización de las demandas por difamación contra periodistas y los protege de pagar indemnizaciones que van más allá de su realidad económica”, señaló el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras.
En ese mismo sentido se manifestó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. “Se trata de un gran precedente para contrarrestar el abuso judicial criminal y demandas civiles multimillonarias, figuras que utilizan funcionarios públicos en muchos países de la región para amedrentar y silenciar a medios y periodistas”, afirmó Jornet.
El comunicado señala que la SIP viene denunciando el uso abusivo de demandas penales y civiles para acallar e inhibir a los periodistas. “En ese sentido, la SIP viene alentando a jueces de Brasil, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros países, a ponderar de forma exhaustiva las demandas antes de aceptarlas y, así, desestimar las demandas penales y aquellas que tienen como fin silenciar al periodismo crítico e independiente”.
La Corte IDH ordenó al Estado buscar vías alternativas al proceso penal para proteger el honor de los funcionarios públicos. También pidió crear e implementar un plan de capacitación a funcionarios públicos sobre libertad de expresión y fijó sumas indemnizatorias a favor del periodista.