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El juez de Garantías Miguel Ángel Palacios convocó para este jueves 30, a las 8:30, la audiencia preliminar para los siete acusados por presunta lesión de confianza en el caso de los “tapabocas de oro” en la Dinac, teniendo en cuenta que la institución adquirió 4.000 barbijos del tipo KN95 a G. 35.000 cada uno, cuando el propio Ministerio de Salud Pública había establecido la suma de G. 15.000 como precio tope para ese tipo de mascarillas.
Los acusados en la causa son el exdirector de la Dinac Édgar Melgarejo, el excoordinador de Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Rubén Ovelar González, el exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo de Brix, la ex gerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro Báez, el ex director financiero de la institución Juan Carlos Turitich Báez y los representantes de la firma “Proyectos Global S.A” Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco.
Según la acusación presentada por los fiscales Sussy Riquelme y Juan Ledesma en la Dinac se montó un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”.
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Los agentes de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) puntualizan que este esquema delictivo no solo posibilitó desviar los fondos públicos, sino también causó un perjuicio al patrimonio de la Dinac. En consecuencia piden que el Juzgado de Garantías eleve a juicio oral y público este caso, que fue el primero de los escándalos de corrupción ocurridos durante la pandemia por el covid 19.
Hijo de juez dio “ropaje legal” al proceso
El perjuicio patrimonial estimado por el Ministerio Público es de G. 119.960.000. “Las ofertas fueron realizadas y adquiridas a un precio superior al valor del mercado y además las mismas, al momento de la adquisición, se hallaban vencidas, siendo el daño no solo económicos”, resalta la acusación de los agentes de UDEA.
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La fiscalía señala además que el acusado Marcelo Rubén Ovelar González, hijo del juez de sentencia Elio Ovelar y la fiscal anticorrupción Marlene González, con el propósito de darle un ropaje legal al proceso y colaborar con el titular de la Dinac, no estableció siquiera requisitos mínimos que permitan acreditar que el oferente tenga relación con el objeto del contrato e invitó a una sola firma (Proyectos Global SA) que no poseía antecedentes de contratos suscritos con el Estado ni de haber firmado con entidades privadas.