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El senador Jorge Querey (FG) fue uno de los impulsores de la resolución aprobada en el Senado que crea una Comisión Bicameral de Investigación al comportamiento que pudieron haber tenido instituciones públicas y privadas que actuaron en el esquema de coacción, usura, lavado de dinero y delitos conexos del hoy condenado Ramón González Daher.
Según adelantaron, en la conferencia prevista para hoy los integrantes de la bancada se referirán a los plazos establecidos para la conformación de la CBI.
Está pendiente aún que la Cámara de Diputados estudie el proyecto y, en caso de aprobarlo, designe a sus representantes.
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La resolución aprobada en el Senado establece que CBI sobre los “cómplices” de Ramón González Daher tendrá seis integrantes, tres por cada cámara. Se estableció un plazo de 60 días para que la CBI brinde un primer informe a ambas cámaras.
Querey había señalado en su oportunidad que los hechos y las pruebas en el juicio contra Ramón González Daher y su hijo fueron contundentes y lo que quedó pendiente de investigar fue la participación en estos delitos de parte de la bancada privada e instituciones del Estado encargadas de controlar los movimientos financieros que fueron castigados por la Justicia.
El legislador consideró importante que se aclare que hicieron las oficinas de los bancos privados que, en cumplimiento de la ley debían haber alertado sobre operaciones sospechosas, ya que, en uno solo de los casos, hubo un movimiento de US$ 60 millones de parte de González Daher.
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También señaló como clave aclarar la actitud de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) y de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay en todos los años que estuvo operando el clan González Daher.
Asimismo, dijo que se debe explicar la participación de algunos fiscales del Ministerio Público en el esquema de “apriete”.
Recordó que la jueza Claudia Criscioni en plena lectura del fallo judicial contra los González Daher pidió disculpas a las víctimas por la actitud de los agentes de la Justicia y que la Corte Suprema anunció una auditoría para que se aclaren responsabilidades.