“Cucho” recurre a la Cámara de Apelaciones y pide su arresto domiciliario

Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias “Cucho”, acusado de supuesto tráfico de drogas en la causa “Berilo”, presentó una apelación general en contra de la resolución de la jueza de Garantías Alicia Pedrozo, quien por sexta vez ratificó ayer la prisión preventiva del encausado. La defensa argumenta que no existe ni peligro de fuga ni peligro de obstrucción al presente proceso penal.

Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña fue acusado por supuesto narcotráfico en la causa “Berilo”.
Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña fue acusado por supuesto narcotráfico en la causa “Berilo”.Archivo, ABC Color

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Bajo patrocinio de los abogados Pedro Wilson Marinoni y Raúl Páez Escobar el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz presentó hoy un recurso de apelación general en contra del Auto Interlocutorio 1529, por el cual la jueza de Garantías Alicia Pedrozo rechazó ayer el pedido de libertad y ratificó la prisión preventiva de uno de los acusados en el marco de la causa “Berilo”.

La defensa del acusado argumenta que no existe peligro de obstrucción a la investigación, teniendo en cuenta que “hoy día técnicamente el Ministerio Público está sin pruebas”, ya que según lo estipulado en el Art. 347 del Código Procesal Penal, última parte, los fiscales del caso debieron acompañar con la acusación presentada en fecha 13 de setiembre de 2019 las pruebas y evidencias, pero no lo hicieron, según alegan los representantes legales del acusado.

Fundamenta que tampoco persiste el peligro de fuga, atendiendo que “Cucho” cuenta con arraigo en el país, está casado y es padre de tres hijos, durante todo el proceso se comportó de manera leal y se ha sometido a todas las diligencias impulsadas por el investigador, y que hasta la fecha goza del estado de inocencia.

La defensa de Cabaña Santacruz acompañó el recurso apelación con varios fallos de la Cámara de Apelaciones y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de otras causas por tráfico de drogas en las que se han otorgado medidas alternativas a la prisión a los procesados, incluso en casos más graves que el conocido como Berilo.

“Analizando el fallo recurrido vemos que el argumento principal de la magistrada es que la fianza es insuficiente por la alta expectativa de pena y la complejidad de la causa. En ese sentido tenemos varios fallos ya en alzada que hacen a este tipo de casos y donde el peligro de fuga por la alta expectativa de pena se solucionan con el arraigo y el control aleatorio de la policía nacional”, puntualiza el escrito.

Con estos argumentos el supuesto narcotraficante solicita a la Cámara de Apelaciones que revoque el A.I N° 1529 del 27 de diciembre y le otorgue el arresto domiciliario, teniendo en cuenta que está preso desde el 6 de setiembre de 2018, es decir hace más de tres años, superando los dos años establecidos por el Código Procesal Penal como tiempo máximo para la prisión preventiva de un procesado.

En caso que la Cámara de Apelaciones haga lugar al pedido “Cucho” cumplirá el arresto en su propio domicilio, ubicado en el Barrio Remansito de Ciudad del Este; o en la vivienda perteneciente a su tía Sara Elisa Santacruz de Rodríguez, situada en el Barrio San Pablo de Asunción.

Sala Constitucional sigue sin resolver acción de la fiscalía

El operativo Berilo que desarticuló una organización dedicada supuestamente al tráfico internacional de drogas, fue ejecutado en Ciudad del Este el 6 de setiembre de 2018, con más de 20 allanamientos que estuvieron a cargo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y agentes de la Senad.

El 13 de setiembre del 2019, la Fiscalía acusó a Cucho Cabaña por narcotráfico y a otras 23 personas por distintos delitos, entre ellos el diputado colorado Ulises Quintana, acusado por lavado de dinero y asociación criminal.

A la fecha, no se ha podido realizar aún la audiencia preliminar, debido a que el caso sigue trabado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver una acción de inconstitucionalidad planteada por el fiscal adjunto Marco Alcaraz hace dos años, específicamente el 9 de diciembre de 2019.

El Ministerio Público accionó contra una resolución dictada por el Tribunal de Apelación, 1ª sala, que revocó la decisión de la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo, quien amplió el plazo para que la Fiscalía presente las pruebas que acompañan la acusación del caso.

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