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“Personas innominadas s/lesión de confianza” se denomina la tercera causa penal que investiga la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, que involucra nuevamente a la administración del gobernador de Central, Hugo Javier González, cartista, imputado junto a otras 14 personas por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, en la causa donde se investiga la ejecución de G. 6.382 millones, fondo de emergencia sanitaria por covid-19, otorgado por el Ejecutivo en 2020.
Por si fuera poco, el gobernador también carga con otra investigación donde más de G. 18.300 millones no tienen respaldo documental que justifiquen el destino del dinero que fue transferido a varias oenegés, durante el año 2019.
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Esta vez, en 2021, Hugo Javier, transfirió mediante seis cheques consecutivos, la suma de G. 5.185 millones a la ONG Tekove, el 30 de septiembre de este año. El presidente de la asociación fue identificado como Nicolás Rivas Bogado, quien habría firmado cuatro convenios con la Gobernación del departamento Central.
En el artículo 20 de la Ley Orgánica del Gobierno Departamental en su inciso K, dice la normativa; que es atribución de la Junta Departamental “Aprobar o rechazar los Convenios de Cooperación firmados por el Gobernador”. En este contexto, la fiscala Natalia Fúster, que investiga a Hugo Javier, solicitó al cuerpo legislativo informes sobre los convenios firmados entre la institución departamental y la nueva ONG elegida por el gobernador.
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“Se solicitan informen si la Junta Departamental ha tomado alguna medida con relación a los convenios Nº 2, 3, 4 y 5, que conforme a la información brindada no se ha cumplido con lo establecido en la Ley Orgánica Departamental”, dice el petitorio de fecha 16 de diciembre.
La solicitud tuvo mesa de entrada en la secretaría de la Junta el pasado 23 de diciembre y el plazo de contestación es de tres días hábiles, es decir, vence mañana martes 28. Al respecto, el concejal Roque Ávalos (PLRA) manifestó que mañana se llevará a cabo una sesión extraordinaria en la que tratarán el pedido de la Fiscalía para luego ser contestado.
Tanto Ávalos como el edil Adrián Billy Vaesken (PLRA) sostuvieron que desde el 2019 el gobernador de Central “nunca se presentó ante el pleno para informar sobre su gestión y los nuevos proyectos para el ejercicio fiscal siguiente, tal como lo establece la Ley Orgánica”. El informe de gestión debe hacerse de forma anual y todos los proyectos para obras y servicios, además de sus respectivos convenios y las licitaciones, deben ser aprobados por la Junta.
Lesión, lavado y falsificación
Los representantes de la Asociación Tekove serían Nicolás Rivas Bogado y su hija Diana Raquel Rivas Riveros. La Gobernación de Central le transfirió G. 5.185 millones en un solo día.
El 30 de septiembre fueron emitidos seis cheques consecutivos a nombre de la ONG. La primera Orden de Pago (OP) Nº 3366 corresponde al cheque Nº 992461 por el monto de G. 220 millones. La segunda OP Nº 3369 es del cheque Nº 08297690 por G. 679 millones.
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La tercera OP Nº 3370 es del cheque Nº 00992462 por G. 1.974.570.097. La cuarta OP Nº 3371 es del cheque Nº 08297691 por G. 400 millones. La quinta OP Nº 3368 es del cheque Nº 08297689 por G. 500 millones; y la sexta OP Nº 3367 es del cheque Nº 8297688 por G. 1.412.037.848.
Tekove volvió a transferir a una cuenta habilitada en el Banco Nacional de Fomento (BNF) la suma de G. 4.976 millones, a nombre de la arquitecta Noelia Asunción Rodas Maciel, dueña de la constructora “DL Architecture, Proyectos y Construcciones”, quien supuestamente realiza trabajos para la Gobernación.
La mujer intentó extraer todo el dinero en dos operaciones, situación que alertó a los fiscalizadores del BNF, quienes avisaron de la situación a los fiscales de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia. Los agentes comunicaron el hecho inmediatamente a Fiscalía Adjunta, dependencia que designó a Fúster para la investigación.
Rodas Maciel trató de justificar la millonaria transferencia y dijo que el dinero sería destinado a obras en la ciudad de Santa Elena, departamento de Cordillera. Sin embargo, en el lugar no existen indicios de los trabajos mencionados, así lo afirmó Fúster. En el marco de la investigación se allanaron las oficinas de Tekove y de la constructora, donde no se encontraron documentos que avalen con transparencia la ejecución del dinero.