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La cartista María del Carmen Benítez, intendenta de Ybycyí y aspirante a la gobernación de Paraguarí, fue relecta presidenta de la Opaci en Asamblea General Ordinaria entre intendentes y concejales municipales celebrada esta mañana en un hotel de Asunción.
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La Mesa Directiva de la organización también fue renovada siendo vicepresidenta 1ª Norma Godoy (ANR, Añetete), intendenta reelecta de Mbocayaty, departamento de Guairá. Como vicepresidenta 2ª Carolina Aranda (PLRA, llanista), intendenta de Mariano Roque Alonso (Dpto. Central), y como vicepresidente 3° Óscar Cabrera (ANR) de la ciudad de Guarambaré.
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Los representantes titulares y alternos electos en las asambleas departamentales durarán en sus funciones en forma coincidente con el mandato de los intendentes y concejales municipales electos en comicios nacionales; es decir, hasta el 2025.
Según publicaciones de nuestro medio, la Opaci, lejos de representar a las municipalidades, como se publicita, se convirtió en un botín político y personal de las diferentes autoridades.
Un ejemplo claro es el clan Núñez de Villa Hayes, liderado por el actual diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez, que ubicó en la ONG a su esposa, sobrinos, hurreros y otros familiares.
Bachi presidió la Opaci entre 2007 y 2011 para luego dejarle la titularidad a su hermano, el exintendente de Villa Hayes Ricardo Núñez (2011-2016). Ricardo, pese a no ocupar más un cargo comunal, continúa hasta ahora como miembro de la Junta Directiva de la Opaci, incluso, es el representante de las municipalidades ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
A esto se suma que la Contraloría General de la República (CGR) había anunciado el 16 de febrero de 2016 su “histórico” ingreso en la Opaci para realizar una auditoría especial.
Pasaron más de cinco años de ese momento y hasta ahora no hay un informe público sobre los hallazgos en la ONG que recauda millones a través de las municipalidades.
Opaci exige a los contribuyentes el pago de G. 10.000 por la expedición, renovación y anulación de las licencias de conducir.
Además, cobra un porcentaje por su intermediación en las operaciones de crédito o hipotecas. Los recursos en teoría son públicos porque provienen de los contribuyentes de las más de 260 comunas del país.
Sin embargo, la ONG no rinde cuentas públicas ni está obligada a ser auditada por una institución del Estado. Es por ello que la Contraloría ingresó a auditar los fondos luego de las denuncias sobre manejos poco claros de más de G. 42.000 millones.
