Cargando...
En días más se cumplirán exactamente tres meses del día en el que representantes de la oposición presentaron una denuncia contra el intendente de Asunción, el colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, por las supuestas irregularidades cometidas durante las compras realizadas en el marco de la emergencia sanitaria.
La queja fue hecha el 7 de octubre último, luego de que la municipalidad se viera forzada a entregar documentos sobre las compras y con los cuales las irregularidades quedaron al descubierto. Hasta el momento, la Fiscalía no imputó a una sola persona, a casi tres meses.
De hecho, la propia designación de los fiscales encargados tardó casi un mes. Recién el 24 de octubre apareció un documento oficial de la Fiscalía General respecto al caso.
Se trataba de un escrito firmado por la fiscala general, Sandra Quiñónez, en el cual se designa a los fiscales Juan Manuel Ledesma y Jorge Arce para investigar a Nenecho, por supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lesión de confianza y estafa.
Los miembros de la oposición denunciaron las aparentes sobrefacturaciones en los productos adquiridos con los fondos de emergencia durante el año 2020.
Los artículos, como el detergente de origen francés comprado por G. 393.800 –cuando su valor según la empresa representante en nuestro país no pasa los G. 250.000–, saturómetros a G. 885.000 y escaleras a G. 450.000 (mientras su precio es de G. 260.000), fueron comprados durante la pandemia del covid-19. Según Wilfrido Cáceres, jefe de Gabinete de la comuna asuncena, los productos estuvieron destinados a los dispensarios municipales. Sin embargo, esos locales permanecieron cerrados casi todo el año pasado.
Además de la denuncia de los políticos de la oposición, un dictamen técnico de la Contraloría General de la República (CGR) confirmó las anomalías.
Lapidario informe
Una serie de irregularidades fueron cometidas en la Municipalidad de Asunción, bajo la administración del reelecto Rodríguez, y usando como excusa la pandemia de coronavirus. Así al menos lo revela el Dictamen Técnico de la CGR.
El dictamen corresponde a la auditoría abierta a la gestión del cartista como consecuencia de publicaciones periodísticas y denuncias en redes sociales.
La primera conclusión señala que los procesos licitatorios no fueron publicados en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Se vulneró el principio de transparencia y publicidad establecido en la Ley 2051″, afirma el primer punto.
La Contraloría además cuestionó la compra de un detergente por el que la Comuna pagó G. 390.000 por litro. La necesidad de la adquisición específica de ese tipo de desinfectante “no fue sustentada documentalmente”, apunta el dictamen.
También aparecieron datos sobre empresas dedicadas a la venta de equipos de electricidad que aparecieron vendiendo alimentos. Y firmas proveedoras que declaraban direcciones donde nunca estuvieron sus oficinas y sobre las que la Subsecretaría de Estado de Tributación ya investiga.