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Actualmente., la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), a cargo de Félix Kanazawa, ya exige “permisos” para cualquier sobrevuelo de drones, pero sus resoluciones son letra muerta.
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A esto se suma que no es la primera vez que el Congreso intenta regular el uso de estos aparatos para defender la “intimidad” o para proteger aeródromos del interior del país que después terminan vinculados al narcotráfico.
El proyecto de Gómez Zelada, presentado al Senado el 15 de diciembre, establece que los drones de cualquier clase no podrán ser utilizados para “fines bélicos, delictivos, extorsivos”.
Además, dispone la prohibición de la violación al derecho a la intimidad de las personas y quebranto de la paz pública.
También establece que la Dinac será la encargada de regular el uso de drones de cualquier tipo, así como habilitar la circulación de los aparatos y la expedición de carnet de “piloto” de drones a personas mayores de edad según la legislación paraguaya; es decir, la iniciativa determina que no puede haber pilotos menores de edad pese a la popularidad de estos dispositivos entre niños y adolescentes.
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También fija que serán multados por la Dinac con 50 jornales (G. 4.402.550) los propietarios que no cuenten con la habilitación y el carné de “piloto de drones”.
La Dinac advierte en su sitio web que varias resoluciones regulan la actividad de drones, pero no hay multas o sanciones. Según un comunicado titulado “Procedimiento para operaciones con drones”, para toda actividad cerca de aeropuertos, aeródromos, ciudades y en concentraciones de personas se debe obtener la aprobación emitida por Dinac rellenando un formulario enviado por correo electrónico con todos los datos del operador, del aparato, del horario y el lugar de uso. Para más consultas: (021) 688-2497.
Ya en 2016, con el auge de la venta de drones y las investigaciones periodísticas, se presentaron tres proyectos de ley en el Congreso para regular el uso de drones y el principal argumento era evitar la “invasión a la intimidad”. Uno de los proyectistas fue el diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR, Añetete).
El proyecto del legislador de San Pedro buscaba prohibir sobrevuelos cerca de aeródromos y, poco después, en 2018, el aeródromo de sus familiares en San Pedro fue intervenido por supuesto tráfico de drogas.
