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La Dra. Martha Beatriz Josefina Sosa Heisele, separada de la Contaduría General de los Tribunales (CGT), remitió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César Diesel; al ministro del máximo tribunal, Eugenio Jiménez Rolón; a la interventora de la CGT, Lic. Edith Graciela Gallardo; y al director general de Auditoría Interna, Lic. Miguel Basualdo, solicitando una reconsideración contra la Resolución N° 2022, por la cual el pasado 16 de diciembre de 2021 se resolvió su remoción del cargo tras la desaparición de 900 cheques judiciales.
En la nota, Sosa Heisele responsabiliza del hecho al director de Registros de Cuentas Judiciales de la Oficina Capital, Néstor Fabián Quiñónez Recalde, y a la jefa de dicha sección afectada, Petronilda Espínola, ya que según argumenta en su escrito, los mismos estaban al tanto de la desaparición de los cheques, pero no realizaron el procedimiento establecido para estos casos.
La funcionaria separada señala que Quiñónez Recalde omitió darle aviso de lo ocurrido y, pese a que estaba de vacaciones, acudió hasta su oficina y redactó una denuncia que entregó directamente al ministro superintendente de la Contaduría General de los Tribunales, Dr. Eugenio Jiménez Rolón.
Según Sosa Heisele, el procedimiento que omitió el director Fabián Quiñónez, y que cuenta con certificación ISO 9001, es esencial y elemental para cualquier instrumento bancario. Resalta que ante la constatación de la irregularidad, el mismo contaba con las prerrogativas suficientes para tomar medidas preventivas de emergencia para solicitar el bloqueo de los cheques desaparecidos.
Sin embargo, según el escrito presentado por la funcionaria solicitando que reconsideren su separación del cargo, a Quiñónez Recalde no le importó evitar que los cheques se efectivicen, sino más bien priorizó presentar una denuncia, omitiendo todos los ordenamientos establecidos para impedir la efectivización.
De acuerdo al manual de gestión y seguridad de procesos de la Contaduría General de los Tribunales, Quiñónez Recalde debió avisar inmediatamente del hecho a la Dirección General y a la Dirección de Control, para las comunicaciones correspondientes por los canales debidos; y proceder con las medidas preventivas y de seguridad. Pero, nada de esto hizo el funcionario.
Agrega el escrito que la grave omisión de Quiñónez Recalde impidió una rápida reacción para la toma de medidas preventivas, ya que Martha Sosa Heisele recién tomó conocimiento del hecho cuando se constituyó un equipo de Auditoría de la Corte Suprema de Justicia a la dependencia, el 24 de noviembre, cuando que los funcionarios señalados estaban al tanto del hecho ya desde el 13 de setiembre pasado.
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Sosa Heisele relata que apenas se enteró del caso dispuso la aplicación del protocolo para el correspondiente bloqueo de emergencia de los 900 cheques con las numeraciones especificadas. Además, solicitó que se verifique por parte del banco si las chequeras fueron o no utilizadas o vinculadas a alguna cuenta judicial.
Esta gestión, tardía a causa del comportamiento de Néstor Fabián Quiñónez Recalde, logró que se bloqueen los números de las chequeras, corroborándose luego que las mismas no se llegaron a efectivizar, ni a vincular con ninguna cuenta judicial.