Cargando...
Una niña de 9 años falleció el pasado 12 de noviembre en la Clínica “Mommy Dent” luego de haber recibido de forma presuntamente negligente una dosificación de anestesia. La víctima acudió al centro para ser sometida a un tratamiento de conducto.
El fiscal de la causa, Aldo Cantero, imputó a la propietaria de la clínica odontológica, Sandra Marcela Obertino Leguizamón, y al técnico anestesista Adrián García por homicidio culposo en calidad de coautores y comercialización de medicamentos no autorizados.
Lea más: Imputan a odontóloga y anestesista por muerte de niña de 9 años
En los allanamientos efectuados en la clínica se detectaron ampollas de medicamentos que pertenecen al Instituto de Previsión Social (IPS).
Solamente dos personas están imputadas en el marco del caso, pese a que el Ministerio Público maneja que son cuatro las que se encontraban en la sala de intervención al momento de la muerte de la niña.
Lea más: Presunta negligencia en odontología: Fiscalía aguarda resultados de autopsia
Analizan planillerismo
Esta mañana, Cantero refirió que García, quien es funcionario del IPS, podría ser imputado por supuesta comisión del hecho punible de cobro indebido de honorarios -o planillerismo- debido a que, el mismo día de la intervención de la niña, este marcó su entrada en el Hospital Central de la previsional y de ahí acudió a la clínica privada.
Lea más: Muerte de niña en consultorio: Anestesiólogo marcó en IPS y se fue a clínica privada
Comentó que aguardarán la resolución del sumario administrativo que lleva a cabo el IPS. “Ayer remitimos los antecedentes a los efectos de ver cómo está el sumario de García. Eso derivaría en la apertura de una investigación en relación a su inasistencia de ese día y si cumplía o no su horario de trabajo o se dedica a marcar y salir -o ni siquiera marcar- para ir a realizar otro tipo de procedimientos en clínicas privadas que no le correspondía”, sostuvo.
El fiscal remarcó que García no debía hacerle la anestesia porque es técnico y no médico especializado para aplicar la dosificación.
Lea más: Muerte de niña: no se recomienda uso de anestesia general en consultorio odontológico
No descartan estafa
Por otra parte, el fiscal indicó que están analizando formular imputación contra Obertino Leguizamón por la comisión del delito de estafa.
Según explicó, la propietaria de la clínica había solicitado G. 10 millones a la familia de la niña por el tratamiento de conducto al que sería sometida. De acuerdo a profesionales en odontología, dicha suma es elevada para una intervención de este tipo.
Lea más: Muerte de niña: hallaron medicamentos de IPS en clínica odontológica
“También estoy analizando este tipo penal (estafa). Estoy analizando si hubo otras personas afectadas, a los efectos de también ver y analizar la configuración de otros tipos penales como hurto y estafa”, expresó.
Agregó el fiscal que está analizando la imputación del odontólogo Damián Cabrera, quien fue contratado por Obertino para llevar a cabo el tratamiento de conducto. Comentó que este profesional se presentó de forma voluntaria a declarar.