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También fue sentenciado a 6 años de cárcel el exdirector de Administración y Finanzas del municipio lambareño Guido Fernando Salcedo, como autor de lesión de confianza y cómplice del delito de actividades peligrosas en la construcción.
El colegiado condenó además a 3 años de prisión al encargado de la Dirección de Obras del municipio lambareño Carlos María Mendieta Candia y al titular de la empresa ADC Construcciones, Alejandrino Duarte Centurión, cuya firma fue la que se encargó de las obras en cuatro instituciones educativas.
En el caso de estos dos últimos, el Ministerio Público logró probar que son cómplices de los delitos de lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción, según explicó la presidenta del tribunal Yolanda Portillo.
Las pruebas producidas en el juicio oral por los fiscales Luis Said, Carina Sánchez y Teresita Torres, demostraron, según el Tribunal, que los ahora condenados ocasionaron al municipio lambareño un daño patrimonial de G. 859.155.192, mediante la construcción de obras, remodelación y ampliación, realizadas con dinero del Fonacide en 15 instituciones educativas de la ciudad, entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013.
La Municipalidad de Lambaré recibió los fondos del Fonacide para mejoras edilicias de instituciones educativas y el entonces intendente realizó transferencias a 14 colegios y a la Supervisión de Apoyo y Control Administrativo de la ciudad.
Estas instituciones educativas y las empresas constructoras fueron seleccionadas de manera discrecional para ser beneficiadas con estos fondos, por el entonces intendente Roberto Cárdenas y su director administrativo Guido Fernando Salcedo.
Los directores de los colegios debían aceptar la condiciones establecidas por Cárdenas y Salcedo para ser beneficiarios con las obras, tenían que firmar un acuerdo con el municipio y se comprometían a verificar la construcción, algo que no está dentro de las atribuciones de las autoridades de las instituciones educativas, y tampoco tienen la capacidad para hacerlo.
Condenado por derrumbe de colegio y desvío del Fonacide
En setiembre pasado, el Ministerio Público obtuvo una condena de 4 años de prisión para el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas Ramírez, y otras tres personas involucradas en el hecho punible de lesión de confianza por el desvío de más de G. 266 millones, que luego derivó en el derrumbe de aulas del Colegio Nacional de Lambaré, por deficiencias en la construcción.
El tribunal de sentencia estuvo integrado con los jueces Javier Sapena, Miguel Ruiz y Liz Ramírez, y condenó al exintendente a la pena privativa de libertad de 4 años de prisión al hallarlo responsable del desvío de fondos del Fonacide, que fue utilizado en la construcción de aulas sobrefacturadas y que luego como consecuencia de las deficiencias en su construcción, se derrumbaron.
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En este juicio oral igualmente fueron condenados a 4 años de cárcel Guido Fernando Salcedo, administrador del Colegio Nacional de Lambaré, y a dos años de cárcel, pero con suspensión a prueba de la ejecución de la condena fueron sentenciados Vicente Acosta Gibbons, director del Colegio Lambaré y Francisco Javier Villalba Cantaluppi, quien aprobó por la Municipalidad lambareña los planos referenciales de la obra.
Los fiscales de esta causa también fueron Teresita Torres, Carina Sánchez y Luis Said.
Fiscalía apeló las dos “penas” indulgentes
Los fiscales Teresita Torres, Carina Sánchez, Rodrigo Estigarribia y Luis Said apelaron dos causas en las que el exintendente de la ciudad de Lambaré Roberto Cárdenas recibió dos irrisorias “condenas” en dos casos de corrupción pública.
El primer caso es por el desvío de fondos de royalties, y el otro, por usurpación de funciones públicas. En ambos casos el ex jefe comunal fue sentenciado solo a 2 años de prisión, pero con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
Se declaró un “perseguido político”
Tanto en su declaración durante el juicio como en la etapa de palabras finales, Cárdenas dijo ser inocentes y que las causas penales abiertas en su contra por el Ministerio Público son una “persecución política”.
“He hecho todo lo posible para cumplir a cabalidad con la necesidad que tenías las instituciones educativas, públicas y privadas, de Lambaré. En ningún momento hice que esté fuera de la ley. Tengo una trayectoria de trabajo, de servicio, de un ciudadano que quiere a su comunidad”, manifestó el político colorado.
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Cárdenas recordó que su padre fue combatiente de la Guerra del Chaco y por ese motivo su familia fue beneficiada con una vivienda en un asentamiento. Añadió que como persona humilde que es nunca cometió irregularidad alguna que afecte a los niños y jóvenes estudiantes de escasos recursos.