Cargando...
De acuerdo con los detalles que dio la binacional en su portal web, en el apartado “Inversiones sociales de Itaipú en pandemia”, corresponden US$ 30.761.201 a las inversiones que hizo en infraestructura hospitalaria para la construcción y el equipamiento de 50 Unidades de Salud de la Familia (USF). Señalan que ayudarán a potenciar la estrategia de atención primaria de la salud en los departamentos de mayor población, como Alto Paraná y Central.
La Unidad de Salud de la Familia es la estructura física donde trabaja un equipo de salud de la familia compuesto por un médico, una licenciada en enfermería u obstetricia acompañados de un auxiliar o técnico en enfermería u obstetricia y agentes comunitarios.
Desde el 2018, Itaipú Binacional lleva adelante la construcción y equipamiento de 131 USF en los departamentos de Alto Paraná, Central, Caaguazú, Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. “Estas obras dan empleo a más de 4.000 trabajadores y benefician a los habitantes de un territorio social determinado con unas 3.500 a 5.000 personas, de sectores más vulnerables”, aseguran.
Lea más: Itaipú alega que si se tocan gastos sociales, se cortarán otros programas
Así también, detallan que la entidad invirtió en la ampliación y revitalización de los Hospitales de Minga Guazú, Presidente Franco, Hernandarias y Ciudad del Este.
Para el equipamiento biomédico de alta complejidad, destinado a hospitales de tercer nivel (mayor nivel de complejidad), en los que se requiere la interacción armónica entre recursos humanos, infraestructura, equipamiento y medicamentos, la inversión fue de US$ 6.863.791. Las áreas fortalecidas con los equipamientos son: quirófanos, salas de terapias intensivas neonatales y de adultos, salas de diagnóstico y de urgencias. detallanfrysññsm.
Agregan que prevén la entrega de una clínica móvil a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), incluyendo una enfermería para procedimientos, servicios de oftalmología, audiometría y odontología.
Por otra parte, para la adquisición de medicamentos e insumos médicos de uso específico en la lucha contra el COVID-19, entre estos los de alta demanda en cuidados intensivos, la entidad tenía previsto adquirir más de 750.000 unidades de medicamentos e insumos, por un total de US$ 7.181.570.
Otros US$ 5.018.395 destinaron a apoyar a la red de servicios de salud, a través de la provisión de ambulancias y camionetas para servicios hospitalarios ubicados en diferentes puntos del país, agregan. “Se adquieren 20 ambulancias equipadas tipo convencional 4x4, 10 ambulancias equipadas tipo convencional 4x2 y 5 ambulancias equipadas tipo Unidades de Terapia Intensiva modelo 4x2″, detallan. Asimismo, indican que se adquirieron 20 camionetas utilitarias tipo 4x4 y 20 camionetas utilitarias tipo 4x2, para las diferentes regiones sanitarias del país “como apoyo en la distribución de medicamentos e insumos durante la pandemia”.
Para atención a población vulnerable fueron destinados US$ 28.188.691; para atención médica a personas de escasos recursos, otros US$ 5.343.882 y para apoyo institucional a la Contraloría General de la República, US$ 1.080.000, cuentan en la web. Este último, especifican que fue para el control de los procesos de rendición de cuentas vinculados a la ley de emergencia sanitaria COVID-19 y transparencia de la información.
Esta rendición de cuentas hubiera sido más completa y confiable si la información provenía a través de los organismos constitucionales de control, que además incorporen en el material correspondiente un cotejo de los precios pagados por la binacional por cada instrumento, herramienta, producto, etc., con los vigentes en el mercado local e inclusive internacional. Los numerosos años de opacidad de lo actuado en la entidad así lo exigen.