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La recusación fue presentada por el Abog. Juan Villalba, al que se allanó la defensa de Martínez, el Abog. Yamil Colucci, antes de que se iniciara el juicio oral. El letrado basó su argumentación en el art. 50 del Código Procesal Penal (CPP), específicamente en los incisos 6 y 10.
Dijo que el tribunal presidido por Javier Sapena e integrado por Leticia Fracchi y Ana Silveira está contaminado porque los magistrados ya tienen conocimiento de las estrategias de las defensas y del Ministerio Público, y que por lo tanto ya tienen sentada una de sus posturas.
“En virtud a lo que establece el art. 50 del CPP, numerales 6: haber intervenido anteriormente, de cualquier modo o en otra función o en la misma causa, y 10: haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento que conste por escrito o por cualquier medio de registro”, explicó el abogado en la sala del juicio oral.
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Prosiguió y dijo que, “la ley es clara, y a un juicio oral debemos llegar con un tribunal que esté totalmente exento a contaminación alguna para llevar a cabo el juicio en donde se va a decidir el futuro de ambas personas acusadas”. Dijo que la defensa si se hace cargo de manifestar los motivos por los cuales el tribunal no puede ser el juzgador del nuevo juicio que se debe iniciar a Peralta y Martínez.
El Tribunal de Sentencia había declarado la interrupción del juicio, debido al fallecimiento del padre del presidente del tribunal, motivo por el cual la audiencia se había fijado 16 días después de la última vez que se realizó el juicio. El tiempo quedó excedido, de acuerdo a lo que la ley permite desde la última convocatoria, que solo permite el reinicio de un juicio hasta 10 días después de la última realización de la sustanciación.
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Froilán Peralta como Martínez fueron procesados por lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer hecho punible (cobro indebido de honorarios) y por estafa y apropiación, respectivamente. El exrector repartió rubros docentes entre sus allegados, incluso a decanos de facultades. Esto motivó el surgimiento del movimiento “#UNANoTeCalles”.
Una de las situaciones que se dio a conocer fue la renuncia de Tatiana Cogliolo, quien era secretaria del exrector, y que a su vez fue designada como profesora de Ciencias Veterinarias siendo maestra parvularia. Cogliolo cobraba mensualmente G. 12.600.000 y había realizado 14 viajes en menos de un año, entre otros hechos de corrupción denunciados por los estudiantes.