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El nuevo intendente Emmanuel Morán (PRF) manifestó que la Municipalidad durante la administración de Fleitas había solicitado junto a seis concejales del periodo anterior la presencia de la CGR ante supuestos indicios de corrupción. El ente contralor había comunicado, el 25 de octubre pasado, según resolución N°487/2021, que ya fue designado el equipo auditor, y que en cumplimiento a dicha disposición ya estuvieron trabajando y levantaron importantes evidencias.
En la fiscalización de las documentaciones y obras, estuvieron trabajando como nexo con los auditores, los funcionarios designados por la intendencia, la asesora jurídica de la comuna, Abg. Raquel Villalba; el asesor contable, Antolín Márquez; y la secretaria general, Belén Alcaraz.
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El intendente dijo que puso a disposición todos los documentos requeridos por la Contraloría, que en su mayoría se detectaron irregularidades. Es un paso muy importante para esta administración el de buscar transparentar los posibles hechos de corrupción, estafa, lesión de confianza, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, que ocurrieron durante el mandato del exintendente Alfonso.
Señaló que está muy conforme con el trabajo realizado por la CGR y pidió a los contralores que hagan bien su trabajo para recabar todo lo necesario en cuanto a documentos con los funcionarios municipales. “Es inicio de la etapa investigativa, llevará un proceso pero lo importante es que ya empezó a hacer su trabajo la CGR, de manera de devolver la confianza al pueblo y a partir de ahora iniciar una administración transparente”, dijo el jefe comunal.
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Investigación interna revela existencia de obras fantasma
Con la investigación interna realizada por el exintendente Fleitas y los ediles municipales, se detectó en la administración del exjefe comunal Oscar Alfonzo (2015 hasta julio 2021) supuestas obras fantasma cuyos precios ascienden a G. 944.822.900.
Ante la CGR y el Ministerio Público, presentaron la denuncia que firmaron los exconcejales Wilson Recalde, Ángel Ramón Figueredo, Juan Antonio Candia, Gustavo Franco (todos ellos colorados), Ireneo Ramírez (Partido Liberal) y Ángel Ortiz (Frente Guasu). La nota fue refrendada en su momento por el intendente de turno, Teodoro Fleitas (ANR).
A esta situación se suma que el superproveedor del Estado, la empresa San Miguel, cuyo representante legal es Cristino Jara López (80) y quien presumiblemente sería parte de una red que operaba con presuntas facturas falsas en 17 municipios del país y una gobernación, también se había beneficiado con adjudicación de obras y facturó más de G. 4.716. 979.997, por presuntas obras fantasma. El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público.
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