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Por decisión de la máxima instancia judicial la funcionaria Martha Beatriz Josefina Sosa Heisele fue apartada de su cargo y se dispuso la intervención de la Contaduría General de los Tribunales, a fin de esclarecer desaparición sin justificativo de 900 cheques judiciales.
Como interventora fue designada la licenciada Edith Gallardo y, además de la separación del cargo de la directora de Contaduría, también fueron apartados los funcionarios Gustavo Daniel Peña, Nilda Catalina Vega y Sandra Carolina Fleitas Vera.
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El considerando de la resolución del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia puntualiza que la desaparición de los cheques judiciales fue denunciada el 17 de noviembre pasado y el 24 de ese mes se inició la auditoría de gestión de la Contaduría General de los Tribunales, a cargo del economista Ernesto Ocampos.
Este funcionario dispuso la intervención de la mencionada dependencia judicial luego de las gestiones internas realizadas por funcionarios de la unidad auditada, con la anuencia de la contadora General de los Tribunales.
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El máximo tribunal resolvió la separación de los funcionarios y la intervención atendiendo la gravedad de lo detectado por el equipo de Auditores y lo establecido en el Artículo 23 inciso B de la Ley N° 609/95 “Que Organiza la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”, que señala como deberes y atribuciones del Consejo de Superintendencia, “organizar y fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección General de Recursos Humanos; la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial”.