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Quince diferentes empresas agremiadas al Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) presentaron hace unas semanas acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, con las que pretenden anular los “permisos temporales” a varias empresas del transporte público.
Llamativamente, el gremio oculta los detalles de los escritos que presentaron ante la máxima instancia judicial, ni por qué consideran que dicha ley viola la carta magna. “Están en poder de la asesoría jurídica y depende de ellos”, explicó César Ruíz Díaz, presidente del gremio, y agregó que esta semana verán si pueden responder los escritos.
Lo que pretende Cetrapam es anular la Ley N° 6710/21 “Que autoriza la operación y habilitación excepcional y temporal de vehículos especiales para la prestación del servicio de transporte público terrestre de pasajeros”. Según el gremio, se deben licitar la entrega de los itinerarios y que no se pueden entregar a cualquiera, por más de que “sea temporal”.
Si la Corte da lugar a este pedido, más de 35.000 pasajeros podrían quedarse sin el servicio del transporte, advirtió el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez.
Ruiz Díaz agregó que la normativa en cuestión es inconstitucional, porque es una ley que autoriza habilitar diferentes medios de transportes (ómnibus, minibus, furgonetas) para cubrir los itinerarios que hoy no cuentan con el servicio de colectivos.
“La ley abre la posibilidad de habilitar cualquier vehículo, es decir, yo a cualquier carretilla le pongo una rueda más, le pongo que es un bus ya puede salir a operar. Esto es un retroceso, porque hoy se está circulando con buses con aire acondicionado, que están operando con billetaje electrónico, con datos fidedignos generando trazabilidad con coherencia técnica y racional científico”, manifestó Ruiz Díaz.
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Permisos se otorgan a empresas de Cetrapam
Sin embargo, se le recordó que estos permisos “temporales” se otorgaron a empresas que son agremiadas a Cetrapam, por lo que la acción parecería “una guerra entre empresas” por los tramos.
“Estos permisos temporales, es cierto que están dando a empresas de Cetrapam, pero no porque se les otorgue a las firmas de Cetrapam, violando la ley, nosotros tenemos que llamarnos a silencio, lo que está mal tenemos que corregir. Nosotros no vamos a quedar pegados a la violación de una ley”, manifestó.
Insistió que se está haciendo marcha atrás y que con esto el Gobierno va a habilitar cualquier tipo de bus “so pretexto de que es temporal”, cuando la ley prevé la concesión de que un itinerario debe realizarse a través de una licitación.
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“En el 2006, la Corte Suprema de Justicia ya había dictaminado, en otros juicios, que decían que los permisos provisorios no son válidos. Pero hoy, 15 años después, la misma autoridad viene y te dice que tenemos que hacer permisos provisorios. Entonces, ¿cuál es el mejoramiento del transporte público, con una autoridad que quiere retroceder?”, preguntó. Ruíz Díaz tampoco remitió un documento sobre la sentencia que menciona.
Se le reiteró que estos servicios, que él mismo considera un retroceso, fueron otorgados a empresas de su gremio y señaló: “La manera que otorgaron es irregular porque es provisorio y en el Paraguay los provisorios se hacen eternos, está mal, no corresponde. La ley no me faculta, ese nomás es el punto. Se está otorgando a mansalva y a cualquiera”, finalizó.